La "consulta" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Tribunal Constitucional (TCP), dejando en suspenso indefinido el proyecto de ley de elecciones judiciales, no es sino otro paso en la estrategia gubernamental de impedir el comicio judicial, generar a partir de enero un vacío institucional insalvable para adoptar "decisiones" desde el Ejecutivo y mantener el control gubernamental sobre el Órgano Judicial, especialmente sobre el TCP.

La explicación base de este entuerto, no es otra que la pugna entre las facciones masistas que saben que, más temprano que tarde, será el "nuevo" Tribunal Constitucional quien defina y dirima la propiedad de la sigla y la misma candidatura presidencial del MAS, sea cual fuere la decisión que tome al respecto el Tribunal Electoral.

Esa la dimensión diminuta a la que el oficialismo masista ha reducido la problemática judicial y la "elección" de magistrados.

Y la oposición parlamentaria, feliz hasta hace poco con su proyecto de ley "corta", sigue debatiéndose entre la inocencia candorosa y la amnesia. Creyó que su proyecto de ley le permitiría ser parte de la futura "repartija" de magistrados, y dejó en el olvido la Reforma Judicial, en lugar de abanderarse con ella.

Los Juristas Independientes hace 4 semanas, producido el primer empantanamiento, les propusimos por escrito a todas las bancadas, que asuman lo esencial de nuestra propuesta de reforma judicial vía reforma constitucional, convoquen a Referendo y, a tiempo de adoptar una nueva normativa para elecciones judiciales verdaderamente independientes, inicien la Reforma estructural de la Justicia.

La única respuesta fue agilizar, con entusiasmo apurado y candoroso, ese proyecto del ley "corta" portador de su visión política pequeña.

Y así estamos, por un lado, ante la posibilidad muy remota que se lleguen a acuerdos para "elecciones" que serán solo una repetición edulcorada de la farsa de las elecciones anteriores, con la variante inútil de algunos postulantes no masistas; o, por otro lado, con mayor probabilidad, estaremos ante el vacío institucional indefinido, propiciado por el gobierno, como pretexto para nombrar o prorrogar magistrados inconstitucionales, y garantizarse "soluciones" favorables a su pugna con el evismo.

Nuestra dirigencia política pobre, oficialísimo y oposición, está de espaldas al país que requiere no tanto elecciones judiciales como sea, sino que necesita la Reforma Judicial, para encarar la crisis-tragedia de la administración de justicia, iniciando así la superación del sometimiento político de los jueces, el miserable presupuesto, la falta de acceso al servicio judicial en los barrios populares y los pueblos originarios, al tiempo que se encara verdaderamente la corrupción, la retardación, la improvisación mediocre, el hacinamiento carcelario, la impunidad y el autoritarismo.

Está claro que el drama judicial que vive la sociedad tendrá que encararlo, más temprano que tarde, la propia sociedad. Nuestra dirigencia política, testarudamente, no quiere dejar su pequeñez.

Es turno de los ciudadanos.

Juan Del Granado es político y jurista independiente.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de LaVentana.