"Para una cama de terapia intensiva en un hospital privado (...) me piden un adelanto de 40.000 bolivianos", denunció a través de las redes sociales Gabriela R. Esta exigencia en un establecimiento se considera como negación de auxilio y está penado por ley, según el viceministro del Defensa de Consumidor, Jorge Silva.

La autoridad nacional dijo que está prohibida la exigencia de anticipos o adelantos en clínicas privadas. El Ejecutivo pide a los afectados presentar una factura o recibo para iniciar un proceso a los responsables de las clínicas.

La ciudadana expresó su preocupación por no hallar una cama de terapia intensiva y denunció en una clínica privada, la administración pidió como "mínimo" 5.000 bolivianos diarios y un anticipo.

El viceministro de Defensa del Consumidor dijo a Página Siete que reciben denuncias de cobros excesivos y anticipos por la internación. Pero, los afectados no presentan un recibo o factura de los pagos para iniciar los procesos.

"Pedir una garantía para aceptar la internación de una persona enferma es una negación de auxilio. Se le estaría imponiendo un requisito que sería inalcanzable de parte de las personas. Por ejemplo, pedir 5.000 dólares (34.850 bolivianos) a una persona que gana 2.000 bolivianos al mes es criminal", advirtió la autoridad.

Ante las denuncias verbales, Silva dijo que se trasladaron hasta las clínicas en las que supuestamente se registraron los cobros excesivos o se pidieron garantías. "Pero si no tenemos el comprobante es imposible verificar este hecho porque los (administradores) niegan rotundamente haber hecho el cobro de una garantía", explicó.

Esta repartición llevó adelante operativos de control a los centros. "Nos llamó la atención que las clínicas privadas tienen sus propias farmacias, donde encontramos medicamentos con fechas de vencimiento pasados. En otras no tienen la documentación en regla y se las puede considerar que son clandestinas", dijo. Ante esas irregularidades, Defensa del Consumidor decomisó productos vencidos y puso a ocho personas ante la Fiscalía por daños a la salud.