"El consenso se tiene que generar en la Asamblea Legislativa", insistió y reiteró, como lo aseguró en varias ocasiones el ministro de Justicia, Iván Lima, que el Gobierno no aprobará ningún decreto para la designación de autoridades judiciales.
En el Senado se aprobó un proyecto de ley para viabilizar las elecciones judiciales, pero cuando llegó a la Comisión de Constitución de Diputados fue elevada a consulta a diferentes instancias del Estado. No hay consenso para tratar la iniciativa legal.
La propuesta de ley de las judiciales fija un plazo de 45 días para que el Legislativo encare el proceso de preselección de postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y al Consejo de la Magistratura (CM).
Además, programa 90 días para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice y convoque a la elección judicial, la tercera en la historia de Bolivia.
Con esos nuevos plazos, se perfila el sufragio para enero de 2024 y la posesión de los nuevos magistrados y consejeros para febrero.
"Esta responsabilidad (aprobar ley de elecciones) es de Jerges Mercado, él tiene que, necesariamente, encontrar los consensos y las formas para viabilizarlo", insistió Richter en una entrevista en Abya Yala.
Para el portavoz, en la oposición política, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), "no se encuentra una voluntad genuina" en este tema de las judiciales.
Las autoridades judiciales concluyen su mandato en diciembre de este año.
A esta situación se llegó como consecuencia de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitido al filo del plazo, que anuló la convocatoria y reglamento de las elecciones judiciales, lo que volvió a "foja cero" todo el proceso que se desarrollaba en el Legislativo. No solo eso, también dispuso que todo lo que tenga que ver con las justas deben aprobarse por dos tercios de voto.