El Parlamento Andino aprobó el sábado, por unanimidad, la petición de un informe al Tribunal de Justicia de la CAN (TJCA) sobre su sentencia contra Bolivia, a demanda de Perú, que exigió precio equitativo de combustibles para sus camiones en tránsito.
La información fue confirmada por el diputado supraestatal boliviano Adolfo Mendoza, quien explicó que dicho órgano legislativo, conformado por representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, tiene la atribución de usar ese mecanismo de fiscalización y control político para todas las áreas del Sistema Andino de Integración de la Comunidad Andina (CAN).
Dijo que la petición de ese informe tiene la finalidad de conocer los argumentos con los que el TJCA falló contra Bolivia.

TJCA
El 17 de julio, con la firma del juez boliviano Gustavo García Brito y de sus colegas Hugo Gómez Apac y Fernando Zapata López, ese tribunal declaró fundada la demanda de Perú, que denunció precios diferenciados —no subvencionados como en Bolivia— de combustibles bolivianos para vehículos con placa extranjera.

Además, el fallo ordenó a Bolivia "que, en un plazo de 90 días, adopte medidas necesarias y pertinentes que permitan el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino".
Desde 2015, usuarios de vehículos extranjeros en Bolivia compran diésel y gasolina a Bs 8,88 y Bs 8,68 el litro, respectivamente. El precio subvencionado es de Bs 3,72 y Bs 3,74 para nacionales.

Informe
Esa medida fue cuestionada por Perú, que el 29 de octubre de 2020 presentó ante el TJCA la demanda contra Bolivia "por presunto incumplimiento" de los tratados de la CAN en materia de comercio internacional.

En criterio de Mendoza, el TJCA tiene 20 días a partir de la notificación —que se concretará hoy— para responder a la petición de los 25 diputados del Parlamento Andino. En caso de que la respuesta no sea favorable, será posible una interpelación y hasta una eventual censura a los jueces.

El diputado comentó que en noviembre de 2020 y marzo de 2021 la Cancillería de Bolivia fue notificada sobre irregularidades en la designación de García Brito, delegado por la otrora canciller Karen Longaric, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Advirtió con que si las autoridades no se interesan en el caso, los cinco diputados supranacionales adoptarán medidas para reivindicar los derechos del país.