El canciller Rogelio Mayta fue al origen de la actuación del juez boliviano en la sentencia del Tribunal de Justicia de la CAN (TJCA) contra Bolivia, relativa a la demanda de Perú que exigió precios equitativos de combustibles para sus transportistas.
"Para nosotros, en Cancillería, esta designación ha sido irregular", aseguró el ministro en relación al nombramiento de Gustavo García Brito, como representante boliviano, durante el gobierno de Jeanine Áñez.
El 19 de diciembre de 2019, la entonces canciller boliviana Karen Longaric presentó a su par de Ecuador, José Valencia Amores, a García Brito como magistrado titular por Bolivia en el tribunal andino, para su consideración en la reunión de plenipotenciarios.
En entrevista Mayta cuestionó la decisión y dijo que entonces Áñez no había nombrado previamente a un embajador. "El gobierno de Jeanine Áñez se apresuró en la designación sin tener embajador que tenga plenos poderes, que sea plenipotenciario, eso fue un desatino, como la aceptación de otros países", dijo.
"Un gobierno transitorio no debió actuar así. Ahí hay una falla de inicio", insistió el canciller.
En su descargo, García Brito dijo el lunes en radio Fides que su designación, si bien a postulación de Longaric, fue consumada en una reunión de plenipotenciarios.
Mayta reveló que el caso fue tratado en una reunión de cancilleres, que, ante las "implicaciones", expresaron su preocupación. "Incluso, nuestros pares han tratado de ver y encaminar una solución que no sea por la complicación. Lastimosamente se ha tenido una respuesta negativa de este magistrado", contó.
"Y eso ha obligado a Cancillería un proceso legal en Bolivia, siempre en un perfil muy bajito", dijo en relación al proceso judicial abierto contra el abogado.
García Brito apareció en el centro de la polémica estos días a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la CAN
Tribunal de la CAN
El 17 de julio reciente, con la firma del boliviano y de sus colegas jueces Hugo Gómez Apac y Fernando Zapata López, ese tribunal declaró fundada la demanda de Perú, que denunció precios diferenciados —no subvencionados como en Bolivia— de combustibles bolivianos para vehículos con placa extranjera.
Además, el fallo ordenó a Bolivia "que, en un plazo de 90 días, adopte medidas necesarias y pertinentes que permitan el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino".
El gobierno de Luis Arce cuestionó la acción de García Brito. Sin embargo, el jurista aclaró que su posición no fue en defensa de los intereses nacionales, sino de los intereses comunitarios.
"Es una persona que tuvo una indisposición negativa contra el gobierno boliviano; nunca debió haber fallado en esa sentencia", dijo Mayta.
"Es un tema delicado que hace a una institución como el tribunal andino, que es una institución supranacional, que está sobre los Estados, pero, lastimosamente, su conducta lo ha puesto en evidencia en los últimos días", admitió el canciller boliviano.
Sin embargo, exhortó al país tranquilidad, considerando que hay posibilidad de pedir aclaraciones, complementaciones e incluso una revisión extraordinaria de la sentencia del TJCA.
Procuraduría
Mayta aseguró que Bolivia "está en plazo" y aclaró que la tarea de tramitar esos recursos corresponde a la Procuraduría General del Estado.
A propósito, el procurador Wilfredo Chávez anunció ayer que el Estado va a interponer "todos los recursos necesarios" para preservar los derechos del país. Cuestionamos que el tribunal de la CAN se haya entrometido "en temas que están vinculados a la soberanía nacional", a sus reservas de hidrocarburos y a sus políticas.
Mayta insistió en que "mañana no es el apocalipsis zombi, todavía hay cosas que hacer".
Desde 2015, usuarios de vehículos extranjeros en Bolivia compran diésel y gasolina a Bs 8,88 y Bs 8,68 el litro, respectivamente. El precio subvencionado es de Bs 3,72 y Bs 3,74 para nacionales.