La Procuraduría General del Estado (PGE) está en plazo para solicitar explicación, complementación y enmienda al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) sobre el fallo que obliga a Bolivia a vender combustible a precio subvencionado a vehículos con matrícula peruana, informó este lunes el canciller Rogelio Mayta.
"Se tiene la posibilidad de solicitar explicación, complementación y enmienda, está en plazo la Procuraduría General del Estado, lo más seguro es que lo haga", informó en una entrevista con radio Erbol.
Una vez vencido este plazo, recién se aplicará el de 90 días para cumplir la decisión del tribunal "y ahí nuestras autoridades sectoriales estarán trabajando para evitar que haya un daño al pueblo boliviano".
El 17 de julio, los magistrados del Tribunal de Justicia de la CAN, Gustavo García Brito (boliviano), Hugo R. Gómez Apac (peruano) y Fernando Zapata aprobaron la sentencia que ordena al "Estado Plurinacional de Bolivia (…) que en un plazo de 90 días, contado desde la notificación de la sentencia, adopte medidas necesarias y pertinentes que permitan el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino".
El gobierno de Perú inició una demanda contra Bolivia en octubre de 2020 porque, según los acuerdos, el país, supuestamente, incumple los principios de trato nacional, no discriminación, y libre competencia en la comercialización de combustibles.
Bolivia vende diésel y gasolina a precio diferenciado a vehículos con matrícula extranjera. En febrero de 2015, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció que el precio por litro para vehículos con placa extranjera de diésel y gasolina sea de Bs 8,88 y Bs 8,68 ($us 1,27 y $us 1,23), respectivamente.
Mientras que el precio subvencionado de esos dos combustibles es de Bs 3,72 y Bs 3,74 bolivianos (unos $us 0,53 dólares en cada caso) para los vehículos bolivianos.
El magistrado boliviano García Brito, quien votó en contra de los intereses nacionales, tiene una demanda planteada por la Cancillería desde hace más de un año debido a su irregular nombramiento en el gobierno de Jeanine Áñez.
De acuerdo con Mayta, el funcionario debía ser propuesto por un embajador nombrado por el Gobierno y no por un encargado de negocios, como sucedió en su caso en 2020, porque la expresidenta no hizo la designación de ningún diplomático durante su mandato porque ésta debía pasar por el Senado.
El encargado de negocios "no tenía plenos poderes porque no era embajador, no podía, uno, realizar la postulación y dos (no podía) votar, ésa fue la situación anómala de inicio", explicó.
Esa situación fue puesta en conocimiento de los cancilleres de Colombia, Ecuador y Perú, quienes coincidieron con Bolivia sobre esa irregularidad, que, además, podría tener efectos para todo el Tribunal de la CAN.
"Se procuró hablar con este señor García Brito, explicar la situación, en el entendido de que se estaba hablando con una persona con buena fe, para hablar de los riesgos que existía, inclusive no fue un personero boliviano, dada la cuestión fue una gestión a nivel de cancilleres, y la respuesta fue muy desagradable, una negativa rotunda, hasta grosera, esa es la información que yo tengo, de tal forma que lo único que nos dejó fue realizar las acciones legales que correspondían", detalló.
García Brito conoce del proceso y en medio de éste decidió presentar su renuncia al cargo de magistrado, al que llegó el 24 de enero de 2020 y que fenecía el 15 de enero de 2026.
"Este señor ha manifestado, por escrito, que no condice con este Gobierno, que se siente amenazado por esa acción judicial que él mismo nos ha obligado a iniciarle y, obviamente, una persona que está en esa situación no está habilitada moral ni éticamente para fallar en un caso en que está en juego intereses de un país que tiene un Gobierno con el cual él tiene diferencias, que está cuestionando su propia designación", argumentó Mayta.