Tras el revés en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Gobierno analiza el alcance del fallo para que el gobierno de Bolivia venda combustibles a choferes peruanos a precio subvencionado. Además, está sobre la mesa la presentación de dos recursos.
"El alcance de la sentencia está siendo analizado por los diferentes niveles de nuestra Procuraduría General del Estado y la institucionalidad pública", indicó ayer el ministro de Justicia, Iván Lima. "Las decisiones del tribunal admiten un recurso de aclaración en 15 días, estamos en plazo, lo que es estudiado por la Procuraduría y las entidades y ministerio de esta temática".
El gobierno de Perú activó una demanda contra Bolivia en octubre de 2020 porque, según los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el país supuestamente incumple los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia en la comercialización de combustibles.
Gobierno
Bolivia comercializa diésel y gasolina a precio diferenciado a vehículos con matrícula extranjera, siendo que, de acuerdo con los pactos de los países miembros del bloque subregional, la venta debe ser igual a la que se aplica en suelo boliviano, que es a un costo subvencionado.
En febrero de 2015, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció que el precio por litro de diésel y gasolina para motorizados con placa extranjera sea de Bs 8,88 y Bs 8,68 ($us 1,27 y $us 1,23), respectivamente. Mientras que el precio subvencionado en Bolivia de estos dos combustibles es de Bs 3,72 y Bs 3,74 (unos $us 0,53 en cada caso) para los vehículos locales.
Lima incluso abrió las puertas a un segundo recurso. "En 90 días también podemos plantear un recurso que nos permitiría modificar esta decisión. Lo que no puede darse es una determinación por fuera del tribunal andino, al cual respetamos, y en el marco del debido proceso impugnaremos decisiones", sostuvo en Bolivia TV.
DATO
El fallo del tribunal andino ordena al "Estado Plurinacional de Bolivia (…) que en un plazo de 90 días, contado desde la notificación de la sentencia, adopte medidas necesarias y pertinentes que permitan el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino".
El papel del juez boliviano que fue parte de este ente colegiado está en la mira. Se trata de Gustavo García Brito. Su voto (junto a su colega de Perú) no inclinó la balanza a favor de Bolivia, pese a que habían dos magistrados (de Colombia y Ecuador) que adoptaron una decisión "parcialmente favorable" al país, explicó Lima. Con su respaldo, el país iba a tener tres de cuatro votos. Ante la votación dividida, un juez dirimidor de Colombia falló en contra de Bolivia. Eso pasó el 17 de julio.
García Brito fue designado en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, en diciembre de 2019, cuando Karen Longaric era canciller. Para el Gobierno, Áñez llegó al poder en un "golpe de Estado", por lo cual está encarcelada. Por ello, la administración de Luis Arce no reconoce el nombramiento de este juez ante la CAN. Más aún, el juez tiene un proceso penal abierto por usurpación de funciones.
CONFLICTO
Lima reveló que hay más dudas sobre la posición asumida por García Brito. "Él renunció en junio a su cargo como magistrado en el tribunal, ha mostrado una situación de conflicto, de ataque al gobierno del Estado boliviano y una manifiesta enemistad con las políticas públicas que tiene el gobierno del presidente Arce. Esta renuncia en junio y la decisión en julio muestran un conflicto de interés evidente".
En su carta, continuó Lima, el juez boliviano señala que asume su renuncia por el proceso penal en contra. "No reconocemos como magistrado a García Brito, sino más bien cuestionamos cómo fue designado… El estatuto del tribunal señala expresamente que él tuvo que hacer una declaración de esta situación de conflicto y no haber emitido su voto, porque el 17 de julio existía un proceso penal, y aparte él había renunciado". El ministro dijo que esta actuación de García permite que sea llevado a tribunales del país.