Cuando el boliviano Gustavo García Brito falló en contra del país en el Tribunal de Justicia de la CAN, ya llevaba un mes de haber renunciado y tenía un conflicto de interés, porque se le instauró un proceso penal por su irregular nombramiento, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Fue el 17 de julio que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) emitió su fallo en contra de los intereses bolivianos. El tribunal compuesto de cuatro jueces empató en votos, dos a favor y dos en contra, por lo que se tuvo que llamar a un tercero que se inclinó por la demanda peruana que reclamó trato igualitario en el precio de combustibles.

Empero, para cuando el juez boliviano sesionó y falló ya llevaba un mes de haber renunciado. "Esta situación, la renuncia en junio y la decisión (fallo) en julio, muestra ya un conflicto de interés evidente", afirmó y reveló que García Brito hace conocer en su carta de dimisión de junio que tomó la decisión, justamente, por el proceso penal que tiene iniciado en Bolivia.

"Es decir, existe entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el señor García Brito, al que no reconocemos como magistrado, sino cuestionamos la forma en la que ha sido designado, un evidente conflicto. El Estatuto del Tribunal señala expresamente que él tuvo que hacer una declaración de conflicto y no haber emitido su voto", explicó.

García Brito fue nombrado en el gobierno de Jeanine Áñez, como se evidencia en una carta remitida el 19 de noviembre de 2019, con el sello de "muy urgente", por la excanciller Karen Longaric al entonces ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador José Valencia Amores.

Lima explicó que el otro escenario es el de la sentencia del tribunal, por lo que Bolivia analiza las acciones a seguir en la línea de precautelar los intereses nacionales.

"Las decisiones del Tribunal Andino de Justicia admiten un recurso de aclaración en un plazo de 15 días, estamos en ese plazo, y ésta situación está siendo objeto de estudio por parte del Gobierno, de la Procuraduría General del Estado, quien defiende los intereses del pueblo boliviano, y las entidades y ministerios que están a cargo de esta temática", explicó.

Adicionalmente, informó, se puede presentar en 90 días un "recurso que nos permitiría modificar esta situación".

Lima insistió en que García Brito "ha mostrado una situación de conflicto, una situación de ataque al gobierno del Estado Plurinacional y manifiesta enemistad con las políticas públicas que tiene el gobierno del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca".



El fin de semana pasado se conoció que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) falló a favor del Perú en la demanda interpuesta contra Bolivia por diferenciar el precio de venta del combustible. Así, el país deberá vender a precio subvencionado el combustible a transporte del extranjero.

"Esta Sentencia fue aprobada con los votos de los magistrados Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito, emitidos en las sesiones judiciales del 28 de noviembre de 2022 y 17 de julio de 2023, y del magistrado Fernando Zapata López, emitidos en las sesiones judiciales del 3 y 17 de julio de 2023 (...)", dice parte del fallo.

Perú acusó a Bolivia de realizar mayores cobros a transportistas internacionales terrestres de mercancía y pasajeros que circulaban en su territorio con placa extranjera.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) peruano, a través de un comunicado, donde detalló que "la diferencia de precios en el combustible afectaba los costos logísticos de los transportistas, causando la pérdida de competitividad del comercio exterior peruano".

En ese sentido, indicó que Bolivia tiene un plazo máximo de 90 días para cumplir con el fallo del TJCAN y cesar "la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino".