El fin de semana se conoció que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) falló a favor del Perú en la demanda interpuesta contra Bolivia por diferenciar el precio de venta del combustible. Perú acusó a Bolivia de realizar mayores cobros a transportistas internacionales terrestres de mercancía y pasajeros que circulaban en su territorio con placa extranjera.
Dorgathen aseveró que la política de vender combustible a un precio subvencionado solo es para beneficiar al transporte nacional y no al extranjero.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, afirmó este viernes que se analiza cómo apelar el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) que obliga a Bolivia a vender combustible con el precio subvencionado al transporte extranjero.
Dorgathen aseveró que la política de vender combustible a un precio subvencionado solo es para beneficiar al transporte nacional y no al extranjero, y por eso se analizará la apelación al fallo.
"Hemos tenido recientemente un fallo para que transportistas de otros países puedan cargar (combustible). Es algo que hay que evaluar y ver cómo se puede apelar porque evidentemente la subvención es para vehículos y para transportistas bolivianos, no para extranjeros. Es una política para Bolivia, pero bueno es algo que lo que vamos a trabajar en su momento", afirmó.
El fin de semana se conoció que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) falló a favor del Perú en la demanda interpuesta contra Bolivia por diferenciar el precio de venta del combustible.
Perú acusó a Bolivia de realizar mayores cobros a transportistas internacionales terrestres de mercancía y pasajeros que circulaban en su territorio con placa extranjera.
Así lo dio a conocer el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) peruano, a través de un comunicado, donde detalló que "la diferencia de precios en el combustible afectaba los costos logísticos de los transportistas, causando la pérdida de competitividad del comercio exterior peruano".
En ese sentido, indicó que Bolivia tiene un plazo máximo de 90 días para cumplir con el fallo del TJCAN y cesar "la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino".