El activista Vladimir Machicado y otros miembros la plataforma Otra Bolivia es Posible presentaron ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra del expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el secretario ejecutivo de la central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.
Los acusó por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y organización criminal en el caso que denominaron "el autogolpe" de Estado en 2019.
Los activistas defienden la idea que en de noviembre de ese año, cuando Morales dejó el cargo en medio de una convulsión social y política, Bolivia vivió un "autogolpe" y no un golpe de Estado, como se pregona desde el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Esa discusión surgió el martes 5 de julio. Los diputados Andrés Flores, jefe de bancada del MAS, y Deisy Choque, de la misma fuerza, afirmaron que en la crisis poselectoral de entonces Morales "instruyó" a la COB y al Pacto de Unidad pedir su renuncia.
Inmediatamente surgieron las voces de oficialismo y oposición en torno las acusaciones de los legisladores y pidieron "pruebas" que respalden sus declaraciones.
«Golpe-autogolpe» en 2019
El expresidente Carlos Mesa y el gobernador Luis Fernando Camacho, incluso Jeanine Áñez, coincidieron en que en 2019 hubo un "autogolpe" y "fraude", y no un golpe de Estado.
Aludido, Morales calificó de falaces esas acusaciones y reclamó que provengan de diputados "renovadores"; ellos respaldan al presidente Luis Arce, con quien tuvo un intercambio de críticas y alusiones en los últimos meses.
"Lamento mucho que declaraciones falaces e irresponsables de diputados llamados 'renovadores' se conviertan en justificativo político de la derecha golpista que ahora se apoya en esas mentiras para buscar impunidad", escribió el exmandatario en Twitter, el 7 de julio.
El debate golpe-autogolpe tiene que ver con los conflictos poselectorales de 2019, que derivó en la renuncia de Morales a la Presidencia, el 10 de noviembre de ese año.
Dos días después, la entonces senadora Áñez asumió primero, la titularidad de la Cámara de Senadores y, posteriormente, presidenta del Estado. Eso ocurrió en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni la presencia mayoritaria del MAS, que entonces ostentaba la mayoría con dos tercios.