El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Osvaldo Egüez, informó de la reanudación del juicio de responsabilidades en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por el caso denominado Petrocontratos.
"Hemos señalado audiencia para el próximo martes (8 de agosto) en el cual se iniciará el desarrollo del juicio oral. Estamos a la espera de que se realicen todas las diligencias mediante las comisiones respectivas para las notificaciones y que todas las partes tengan conocimiento de este juicio oral", dijo Egüez, citado en una nota de radio Fides.
Explicó que el expresidente Jorge Quiroga quedó excluido del caso porque se acogió a una amnistía. Sin embargo, otros implicados, como los exministros Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer, de Hidrocarburos, y el exviceministro Carlos Contreras, siguen en el proceso.
Las exautoridades están acusadas por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La causa investiga la firma de contratos con al menos 21 empresas transnacionales, cuyo trabajo era verificar y explotar reservas hidrocarburíferas. Según las acusaciones, los documentos se suscribieron antes del aval del Órgano Legislativo.
De los 106 contratos, 52 se firmaron en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa. Estos dos últimos quedaron excluidos del juicio, en momentos distintos.
Esos documentos, según las acusaciones que llegaron al Ministerio Público, favorecieron los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.
Denuncia contra Sánchez de Lozada
La denuncia sobre el caso fue presentada por el también exmandatario Evo Morales, en 2005, cuando era diputado. El ministerio Público admitió la demanda el 14 de abril de ese año. El 4 de mayo, el entonces fiscal general Pedro Gareca formuló el requerimiento acusatorio y posteriormente se requirió a la Suprema que pida la autorización para empezar los procesos.
El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea Legislativa autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.
Sánchez de Lozada huyó el país en octubre de 2003, al renunciar a su mandato tras la muerte de más de 60 personas en la denominada Guerra del Gas. Estableció su residencia en Estados Unidos.