El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que el presunto agresor del niño de 12 años salió del país. Anunció que se mandará una representación del Estado a hacer seguimiento del proceso.
Pasaron 43 días de la denuncia y múltiples declaraciones, pero la justicia no llega para la familia del niño que fue abusado sexualmente en un colegio privado de Santa Cruz. Tras una reunión y evaluación del proceso, el Gobierno observó "negligencia" en el proceso y anunció una medidas como el envío de una representación jurídica.
"En estos 43 días, desde el 12 de junio, la denuncia no ha sido atendida con la debida diligencia que marca el estándar internacional y el estándar de nuestro país, de atención a nuestros niños (…). 43 días es un tiempo suficiente para tomar medidas como Estado; en un caso como este, 45 días debiera ser el tiempo máximo de duración de una etapa preliminar como la que estamos llevando en este momento; no ha ocurrido así. Son 43 días, insisto, desde el 12 de junio, que se ha incurrido en una serie de actos de extrema negligencia en el proceso de investigación", aseveró el ministro de Justicia, Iván Lima.
La familia del niño no piensa resignar la búsqueda de Justicia. Fue en junio que el niño se animó a contar el abuso que habría sufrido por parte de un joven compañero de su colegio, ya mayor de edad, en la ciudad de Santa Cruz. Desde entonces, para sus seres queridos empezó una larga búsqueda de respuestas y sanciones contra quien generó este daño; no obstante, hasta el momento no han conseguido los resultados que esperaban.
Lejos de aceptar la demora del proceso, la familia gestionó una audiencia con autoridades de Gobierno. La reunión se concretó este martes y los resultados de la evaluación dieron con irregularidades que habrían sucedido en este caso que lleva más de un mes.
NEGLIGENCIA
"Hace 35 días, el 20 de junio, ya se tenía conocimiento de elementos fundamentales para la investigación de este proceso y nuevamente se ha dejado de atender a la voz de la víctima. Hace 28 días, el 27 de junio, el Ministerio Público ya tenía conocimiento oficial de que el principal involucrado en estos hechos; al cual vamos a respetar totalmente su debido proceso y su principio de inocencia; era mayor de edad. Siendo que la persona implicada como autor de estos hechos era mayor de edad, no tenía sentido que este proceso continúe en la Justicia Penal Juvenil. El proceso tuvo que haberse declinado ya desde el 27 de junio de este año a la Justicia Ordinaria".
Eso no es todo. Además, el ministro de Justicia, confirmó la información que ya la representación de la víctima tenía, el principal sospechoso de este crimen salió del país.
"No solamente que ha salido del país una vez, sino que ya son dos veces que se va del país; y lamentablemente desde el 27 de junio el Ministerio Público no ha activado los mecanismos procedimentales que son necesarios para asegurar un debido proceso y una investigación. Nos extraña".
INTERVENCIÓN
Lima pidió al fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, que asuma las medidas correspondientes; el caso debería pasar a la Justicia Ordinaria, dado que el principal implicado identificado por la víctima es mayor de edad, insistió el ministro.
Además de el cuestionamiento a las acciones de la Fiscalía, también se observó el rol del establecimiento educativo en que ocurrió el vejamen. El colegio particular Alemán, de la ciudad de Santa Cruz.
"El colegio tenía conocimiento de los hechos desde el 12 de junio. Han pasado 43 días y no tenemos certeza de la actuación del colegio en este caso. Hay hechos que llaman profundamente la atención, los niños de primaria no deben ingresar en los baños de los adolescentes de secundaria, cosa que ocurre en este colegio. Pero lo que más nos preocupa es que no haya cámaras en los baños o que estas estén desactivadas donde sucedieron los hechos. Muy grave que un colegio con las posibilidades y la infraestructura del colegio Alemán no busque cumplir la ley de Seguridad Ciudadana".
COLEGIO DE SANTA CRUZ
Lima indicó que el establecimiento tenía la obligación, por norma, de tener las cámaras funcionando de forma eficiente durante al menos 12 meses; sin embargo, no lo habría hecho. Esto deriva en que no existan las imágenes que podrían haber ayudado en las investigaciones. Ante esto, se anticipó una coordinación con el Ministerio de Educación para evaluar el caso y tomar las acciones que correspondan.
La autoridad lamentó y expresó su preocupación porque, cuando salió el informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la información llegó y se entregó a los medios de comunicación y redes sociales antes que al abogado de la víctima y a los actores procesales.
Ante esto, Lima anunció la intervención del Gobierno con el envió de una representación legal.
"Estas dos situaciones, la negligencia en la investigación del caso y la situación que presenta el colegio, nos obligan a tomar medidas como Gobierno nacional. Una de ellas que debemos anunciar es que a partir de mañana el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) (…) se va a apersonar a los casos como abogado copatrocinante de la familia de la víctima".
VÍCTIMA
Así se busca dar mayor celeridad al caso, además de evitar una revictimización del niño que logró contar los abusos a los que había sido sometido.
"Vamos a llevar adelante todas las acciones correspondientes a este caso en relación a todos los autores. Lo que no es admisible en el país es que la justicia de la billetera, la justicia de los poderosos o la justicia de quienes creen que están por encima de la ley, rija las relaciones y la protección de las víctimas. Esto no es admisible y vamos a activar todas las acciones necesarias contra todos los que han sido negligentes, los que han encubierto o han realizado alguna acción que pueda ser considerada de encubrimiento a los hechos ocurridos".