"Cuando se decide censurar y la votación esta previamente definida por una megacoalición entre Comunidad Ciudadana, Creemos y parte del a bancada oficialista estamos en una distorsión de un acto que debe ser fundamental para la fiscalización (…) Han dañado el acto de interpelación anunciando el voto antes de escuchar al ministro", aseveró el Ministro de Justicia.
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se formó una "megacoalición" entre legisladores de Comunidad Ciudadana, Creemos y parte de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) que han "dañado" los actos de interpelación a ministros, pues van con un voto decidido antes de escuchar las explicaciones de las autoridades.
"Cuando se decide censurar y la votación esta previamente definida por una megacoalición entre Comunidad Ciudadana, Creemos y parte del a bancada oficialista estamos en una distorsión de un acto que debe ser fundamental para la fiscalización (…) Han dañado el acto de interpelación anunciando el voto antes de escuchar al ministro", aseveró Lima entrevistado por La Razón Radio.
En ese sentido, Lima sentenció que la interpelación y posterior censura al ministro de Gobierno, Carlos Eduardo, fue producto de una decisión "arbitraria" e incluso alejada de la Constitución.
"Se llevó adelante una interpelación alejada del mandato de la Constitución, se cometió una arbitrariedad que no merece sino una respuesta desde la Constitución y el derecho", afirmó.
Asimismo, el Ministro de Justicia afirmó que en la actualidad no existen las condiciones, legales, para llevar adelante las interpelaciones a los ministros, pues no se cumple con las leyes y los pasos previos para esa fiscalización: tales como petición de informes escritos y orales.
"No se está dando las condiciones (…) No podemos volver a llevar un acto basado en caprichos, emociones y sentimientos. No se puede decir el voto antes de haber escuchado al ministro", insistió.
Sobre del Castillo
Por otro lado, Lima también reiteró que el presidente del Estado, Luis Arce, respetó la Constitución con su decisión de, primero, destituir a Carlos Eduardo del Castillo como Ministro de Gobierno y luego haberlo vuelto a posesionar en el mismo cargo.
Afirmó que el efecto constitucional de la censura fue cumplido al destituir a Del Castillo y fue enfático en señalar que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0020/2023 posibilita al Jefe de Estado a volver a posicionar a un ministro censurado a cualquier cargo público.
Afirmó que ese accionar no hubiera sido posible antes de abril, pues hasta ahí estaba totalmente vigente la Ley 1350 de 16 de septiembre de 2020, que prohibía que un ministro censurado ejerza un cargo público por 3 años.
Explicación
Ayer, jueves, a través de sus redes sociales, Lima recordó que el TCP a través de su Sentencia Constitucional Plurinacional 0020/2023 de 5 de abril resolvió y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3.III, 4.I, 4.II y 4.III de la Ley 1350 de 16 de septiembre de 2020, que regula los efectos de la censura; pero además exhortó a la ALP a que adecue la referida ley para el cumplimiento de su finalidad, sin embargo a la fecha no se cuenta con la referida norma.
"La ALP tiene la tarea de adecuar la regulación de la censura bajo el principio de reserva legal, antes de aplicar disposiciones legales incompletas o inadecuadas, más cuando existe una potencial vulneración de los derechos fundamentales", señaló la autoridad.
En ese contexto, manifestó que el presidente Luis Arce posesionó ayer a Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno sin transgredir la Constitución Política del Estado, apegado a la decisión de sentencia constitucional del TCP y a la retardación de la adecuación a los artículos de la referida ley por parte de la ALP.
"No hay más disposición que la CPE y algunos artículos no observados de la Ley 1350 en vigencia y ninguno de ellos le prohíbe al Presidente volver a nombrar como ministro a Eduardo del Castillo, porque la Asamblea primero debe contar con la normativa señalada que desarrolle la aplicación de la censura en nuestro país", explicó Lima.
Así también recordó que, el 19 de abril de 2023, preocupado por la retardación a la modificación de la norma, el Jefe de Estado entregó el proyecto de ley que 'Determina los efectos jurídicos de la Censura acordada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de sus atribulaciones constitucional' al vicepresidente David Choquehuanca para su tratamiento.
Indicó que el 20 de abril, el Vicepresidente remitió el proyecto normativo a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la tramitación de una nueva ley, acorde a la realidad democrática, y profundizando la independencia del Órgano Legislativo y el ejercicio de su atribución de fiscalización.
"El proyecto de ley cumple con el razonamiento jurídico planteado por el TCP al momento de objetar la constitucionalidad de varios de los artículos de la Ley 1350. Además, prevé la imposibilidad de restitución en el cargo de la autoridad censurada por el periodo constitucional, pero sin vulnerar derechos laborales, civiles y políticos", resaltó
Por otro lado, recapituló que 21 de abril, el TCP recibió una Consulta Previa de Constitucionalidad sobre el referido Proyecto de Ley, por el que la Asamblea de momento está imposibilitada de emitir una nueva ley, mientras no se resuelva el caso ante el TCP.