El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, consideró necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) emita hasta el 6 de julio la nueva convocatoria de preselección de los aspirantes a las elecciones judiciales, para que en diciembre se realicen las elecciones y en enero sean posesionadas las nuevas autoridades.
"Consideramos que es necesario que hasta el 6 de julio se pueda relanzar o lanzar nuevamente la convocatoria por parte de la Asamblea Legislativa, para que puedan contar con 60 días que la ley prevé para llevar adelante el proceso de preselección y el Órgano Electoral tenga los 100 días para organización el proceso de votación, si es que se quiere llegar al 3 de enero de 2024 con autoridades posesionadas", explicó en conferencia de prensa.
De acuerdo con la segunda autoridad del TSE, el Órgano Electoral Plurinacional debería recibir hasta el 5 de septiembre la lista de los candidatos preseleccionados para las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura.
"La fecha límite para organizar y llevar adelante el proceso electoral, a criterio técnico del suscrito vicepresidente, tendría que ser el 3 de diciembre; sin embargo, este tema va a ser analizado por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral", aclaró Vargas.
El 27 de abril, el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala en contra de una resolución de la Asamblea Legislativa que aprobó la convocatoria y el reglamento de preselección de los candidatos para conformar, en elecciones, el TCP y el Órgano Judicial.
En su petitorio, el legislador opositor alegó que corresponde una ley para este proceso de preselección de candidatos, como sucedió el 2017. Además, solicitó la aprobación por dos tercios de todas las fases del trabajo para la preselección de candidatos judiciales.
Al admitir la acción, el TCP emitió una medida cautelar paralizando, por segunda vez, todo el proceso de preselección.
El primer proceso de preselección de candidatos judiciales fue interrumpido el 13 de abril, por decisión de un fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni, a demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, quien observó el requisito de no emitir comentarios políticos.
Con el fin de destrabar este proceso, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ley transitoria para garantizar la preselección de candidatas y candidatos con vista a la formación del Órgano Judicial y del TCP.
La norma, que ya fue promulgada por el presidente Luis Arce el 5 de junio, concede 60 días al Legislativo para el proceso de preselección y 100 días al Tribunal Supremo Electoral para organizar y realizar las elecciones judiciales.
El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, explicó que la norma solo define los plazos para todo el proceso de las elecciones judiciales que deben celebrarse antes de fin de año.
Por tanto, la convocatoria y el reglamento aún están pendientes, a la espera del fallo del TCP.
"Entre tanto el Tribunal Constitucional no tome una determinación con relación al recurso abstracto, nos vemos imposibilitados de llevar adelante cualquier ruta de trabajo", admitió Jauregui el 23 de junio.
El vicepresidente del TSE expresó su preocupación, ya que hasta el momento no se retomen las actividades pues cada día que pasa "implica que estos 160 días que establece la Ley 1513 se van reduciendo".