Con el objetivo de encaminar los esfuerzos en la prevención, el presidente Luis Arce entregó este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, para transparentar, desde un inicio, todos los procesos de licitación de obras en el territorio nacional.
"Sin duda este es un momento importante para el país, el Órgano Ejecutivo ha trabajado este anteproyecto de ley para que pueda ser discutido en nuestra Asamblea Legislativa, con el objetivo, en primer lugar, de llevar adelante este Sistema de Gestión de Riesgo de Prevención y, por otra parte, continuar la lucha contra en el flagelo de la corrupción", dijo en el acto que se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo.
El Jefe de Estado expresó su preocupación por la incidencia de este delito en los países de todo el mundo. Indicó que por esa razón es fundamental la promulgación de esta propuesta normativa que "apunta a dirigir la artillería hacia la prevención" de la comisión de este delito en Bolivia.
Recordó que existen normas como la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 'Marcelo Quiroga Santa Cruz', entre otras, que básicamente castigan a quienes están en este tipo de actividades ilícitas, cuando se descubren los delitos; mientras esta norma, sin duda, apuesta por la transparencia de todas las obras que se realizan para evitar posibles casos de corrupción.
Detalló que este anteproyecto tiene la virtud de identificar las cuentas donde se depositan los recursos del Estado, hecho que calificó como el más relevante, al margen de ampliar el castigo a diferentes acciones de corrupción.
"Significa que cuando nosotros como Estado, y esto va abarcar no solamente a las obras que va hacer todas las unidades del Gobierno nacional, sino también gobiernos municipales, departamentales. Cuando firmen un contrato con una empresa privada, se va a solicitar a todas las empresas privadas que se adjudicaron obras con nuestras diferentes instituciones del Estado, en sus diferentes estratos, que abran una cuenta donde se van a depositar el 100% de los recursos que el Estado se compromete al ejecutarse la obra y, por lo tanto, se van a poder determinar los gastos que realicen en la consecución", explicó.
Indicó que para ello se solicitará, de manera voluntaria, a las compañías privadas prescindir del secreto bancario, para que esa cuenta que va a recibir recursos del Estado pueda ser apta para el seguimiento de los pagos, sin perjudicar la inversión ni la gestión que realizan.
"Habrá, sin duda, empresas privadas que no quieran dejar cobijarse bajo el secreto bancario respetaremos, porque la normativa vigente en nuestro país así asegura esa confidencialidad. Por eso es que en la ley está estipulada que tiene la voluntariedad y el Estado tendrá la obligación de publicar quiénes, qué empresas se han cobijado bajo el secreto bancario y quiénes, en el entendido que son recursos del sector público, son absolutamente transparentes, y tendrán la posibilidad de mostrarse así ante la sociedad", enfatizó.
En ese contexto, explicó que a través de la propuesta del Sistema de Gestión de Riesgos, Prevención y lucha contra la Corrupción se trabaja en varias instancias, como el Sistema de Licitación Electrónica, en tiempo real, para compras menores, que ha generado un ahorro importante de recursos para el Estado.
"Nuestro Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está trabajando que este sistema pueda también transcender hacia la contratación de obras mayores, como carreteras, construcciones, que van a transparentar, porque eso va a hacer la licitación en tiempo real", adelantó.
Así también hizo conocer que instruyó al Ministerio de Educación implementar en su currícula programas para fomentar en los estudiantes lucha contra la corrupción y la transparencia, porque este delito no es solamente un problema de las personas mayores, sino también algo que se debe inculcar desde la niñez.
"Queremos exhortar a nuestros asambleístas nacionales, que están deliberando, que hemos escuchado están en contra de la corrupción, hoy tienen la opción de agilizar la aprobación de esta medida, que estamos seguros va ser un elemento más para combatir la corrupción en nuestro país", agregó.
A su turno, el ministro de Justicia, Iván Lima, calificó de un paso importante la remisión del proyecto de ley que permitirá continuar con la política de cero tolerancia a la corrupción que ha determinado el Primer Mandatario.
"La política pública que ha sido aprobada por el presidente Luis Arce en febrero de este año nos plantea una obligación fundamental en el trabajo del Estado (…) la aprobación de programas y proyectos que tengan como base, como pilar, la erradicación de toda práctica corrupta. Conseguir mayores niveles de transparencia institucional es un compromiso del Presidente con el pueblo boliviano, que se de implementar como directrices que señalamos en el presente proyecto de ley que plantea el Sistema de Gestión de Riesgos", resaltó.
Lima puntualizó que el Sistema de Gestión de Riesgos se enmarca en los preceptos constitucionales en materia de lucha contra la corrupción, acordes a los estándares internacionales y a las convenciones anticorrupción de los que el Estado es parte.
En este marco, la nueva política de lucha contra la corrupción hacia una nueva gestión pública digitalizada y transparente otorga lineamientos para fortalecer en cuatro pilares la prevención y lucha contra corrupción en el país, siendo uno de ellos el referido a la digitalización de la información e interoperabilidad, del cual se desprende la propuesta de creación del Sistema de Gestión de Riesgos y las medidas que se propone en el anteproyecto de ley para su implementación, explicó.
Recordó que la prevención y la lucha contra la corrupción se constituyente en un ámbito priorizado por los instrumentos internacionales de evaluación y seguimiento. Su alcance es desarrollado permanentemente por los estados miembros tanto de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, como por la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción.
"La Convención es Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 3068, establece en el numeral 5 del Artículo 8, que cada Estado parte procurará cuando proceda y de conformidad a los principios de su derecho interno, de su Constitución establecer todas las medidas y sistemas, para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación a sus actividades externas, empleo, inversiones, activos, regalos, beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de interés respecto a sus atribuciones como funcionarios públicos", manifestó.
En esa línea afirmó que el marco jurídico que ampara este proyecto de ley está definido por el artículo 108, numeral 8 de la Constitución, que establece como deber fundamental de todas y todos los bolivianos el denunciar los hechos de corrupción.