La autoridad aseguró que ese trabajo "toma su tiempo", por lo que "no podría decir en qué tiempo más se va a desahogar (el trámite) por el Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos para conocer si es extraditado o no (Murillo a Bolivia)".
El exministro de Gobierno cumple condena en Estados Unidos.
El Gobierno de los Estados Unidos tiene sus manos el exhorto suplicatorio boliviano de extradición del exministro Arturo Murillo y en este momento realiza el "test" para definir si da curso o no, reveló este viernes el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
"(La solicitud de) extradición ha sido realizada por la Fiscalía, por los conductos regulares se ha solicitado la extradición de Murillo. De acuerdo al convenio vigente con los Estados Unidos, del 2005, tenemos que esperar una serie de trámites normativos y de análisis que hacen allá, los conocidos test que se realizan para ver si el Estado requerido, en este caso los Estados Unidos, va a dar curso o no a la extradición", explicó en conferencia de prensa en Cochabamba.
Chávez aseguró que ese trabajo "toma su tiempo", por lo que "no podría decir en qué tiempo más se va a desahogar (el trámite) por el Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos para conocer si es extraditado o no (Murillo a Bolivia)".
El exministro de confianza del Gobierno de Jeanine Añez fue condenado el 4 de enero por una corte de Estados Unidos a cinco años y ocho meses de cárcel por lavado de dinero y soborno, proveniente del millonario sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos entre 2019 y 2020.
Murillo fue aprehendido en mayo de 2021. Es el preso número 02358-506 en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos.
Se declaró culpable, como el resto de sus cómplices, Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado $us 602.000 en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al gobierno de Jeanine Áñez entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
La adquisición se hizo de la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por un precio de $us 5,6 millones y un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Según la administración de Áñez, ahora condenada a 10 años por el caso Golpe de Estado II, el lote fue adquirido para enfrentar al "terrorismo y el narcotráfico".
De acuerdo con el procurador, Murillo habría recibido en sus manos $us 532.000 del soborno.
Por este caso también se inició un proceso en Bolivia y es el sustento de la solicitud de extradición. Murillo es acusado por los delitos de uso indebido de influencias y otros ilícitos.
Chávez espera que la petición boliviana logre una respuesta favorable del Gobierno de los Estados Unidos para que Murillo responda por este proceso y también por las masacres de Sacaba y Senkata, que dejaron más de una veintena de fallecidos por impactos de bala.
Sin embargo, de no concretarse, Chávez dijo que "por la lógica con la que trabaja la justicia y el sistema norteamericano" Murillo "sería expulsado" de los Estados Unidos, una vez cumpla su condena.
"Es una posibilidad que no la hemos perdido de vista para que Murillo venga a Bolivia y rinda cuentas como Luis Arce Gómez y Techo de Paja (Jorge Roca Suárez) que han llegado cumpliendo sus condenas (en Estados Unidos) e igualmente han tenido que cumplir condenas en el Estado boliviano", recordó.
Mientras el proceso de extradición avanza, para enero de 2024 se tiene previsto el inicio en Estados Unidos del juicio civil en contra del exministro, para la reparación del daño provocado por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.
"Estamos cumpliendo un calendario procesal con una serie de medidas de prueba que se hacen allá, de acuerdo con el sistema norteamericano, estamos cumpliendo la ley norteamericana", puntualizó Chávez.