Karen Longaric, la excanciller del Gobierno de Jeanine Añez, desde Alemania, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una presunta "persecución política y judicial" de parte del Estado boliviano en su contra.
"La información que cursa en este documento evidencia la flagrante violación de mis derechos a través de la persecución política y el acoso judicial, con el objetivo final de privarme de libertad por motivaciones estrictamente políticas, sin respaldo legal ni fundamentación jurídica alguna (…) Tengo a bien dirigirme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como instancia competente para la protección de los derechos humanos, para solicitar su ayuda y buenos oficios en función de precautelar mis derechos y poner fin a la persecución de la cual soy víctima", dice el documento presentado por Longaric, mismo que fue difundido por exdiplomático Jaime Aparicio.
La exautoridad hizo tres peticiones al organismo internacional: analizar y seguir su caso porque existe una vulneración de los derechos humanos en el país, pide incorporar su caso dentro del monitoreo e informes que realiza ese organismo. A la vez, solicitó una reunión con un representante o un equipo de la CIDH.
Longaric, quien fuera Ministra de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Jeanine Añez, salió del país el 30 de marzo de 2021, luego de que le iniciaran el primer proceso por incumplimiento de deberes. Según se sabe, radica en Alemania.
En el documento, Longaric detalla que a momento se le siguen siete procesos por incumplimiento de deberes (2); resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; legitimación de ganancias ilícitas; nombramientos ilegales y usurpación de funciones; daño económico al Estado; y finalmente un proceso administrativo en la Cancillería.
Al respecto, la excanciller alertó que las acusaciones en su contra se fundamentan en delitos inexistentes. "Es una forma de represión política dirigida a silenciar las voces disidentes, a desprestigiar y denostar a las personas de bien, en su dignidad y en su integridad, causando un grave daño emocional y material", afirmó.
"Por este tipo de acusaciones infundadas y persecutorias se ha ido socavando el estado de derecho y se ha creado una cultura de miedo e intimidación a través de citaciones a prestar declaraciones para activar los mecanismos de detención preventiva y así justificar abusos a los derechos humanos", agregó Longaric.
Según la exautoridad, en ese contexto de persecución, se vio obligada a salir de Bolivia para resguardar su derecho a vivir en libertad, pero también sobrellevando lo que significa vivir en el exilio.
"No obstante, la evidencia de mi exilio, estoy procesada sin posibilidades de asumir defensa en las múltiples acciones judiciales y administrativas que el gobierno ha instaurado contra mi persona, ejerciendo una sistemática persecución política y acoso judicial", dice la denuncia, que está fechada en el mes de abril.
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