La semana pasada, en medio de la peor crisis del gobierno, se registró una movilización social contundente en todo el país, en especial en Bogotá y Cali, en respaldo a sus reformas.

La intervención del presidente en la Plaza de Bolívar generó amplia controversia. En tono vehemente, se refirió a la posibilidad de un golpe blando y llamó a multiplicar las asambleas populares y la movilización popular para defender el gobierno. Fustigó el papel de la gran prensa en la crisis.

Ese mismo día se conoció una carta titulada: "Un golpe blando está en marcha en Colombia" impulsada por la Internacional Progresista y suscrita por más de 400 intelectuales y figuras políticas progresistas del mundo entero.

En ella les manifiestan al presidente y la vicepresidenta su respaldo. Señalan que "los poderes tradicionales se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado".

Se refieren al despliegue del poder institucional, conjuntamente con organismos como la Fiscalía y la Procuraduría, los conglomerados mediáticos y la rama judicial, para "detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional".

La carta concluye señalando que el propósito del golpe blando es claro: "proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían 'paz total' al país".

Pero ¿en qué consiste el golpe blando? ha sido definido como un conjunto de técnicas conspirativas y no violentas, utilizadas para desestabilizar un gobierno y propiciar su derrumbe, en un marco de aparente legalidad.

Esta modalidad toma fuerza en Latinoamérica, en el marco de la primera ola de gobiernos progresistas de la región. Las viejas elites pretenden aferrarse al poder que han ejercido durante siglos e impedir reformas que propicien sociedades más igualitarias.

Han sido varias las experiencias en la región al respecto. La de mayor trascendencia política fue la de Brasil: la decisión de sacar a Lula da Silva de las elecciones de 2018 y encarcelarlo con medidas judiciales que fueron después revocadas, y el impeachement de Dilma Rousseff sin prueba alguna. Todo ello propició el triunfo de Bolsonaro.

Experiencias similares, aunque en contextos diferentes, se han vivido en Ecuador, con Correa y en Argentina con Cristina Kirchner. Su objetivo es el mismo: derrocar a un mandatario/a que no se ajusta a los cánones de la ortodoxia, económica y política, a partir de campañas de desprestigio y desestabilización, para generar altos niveles de incertidumbre.

Sus promotores buscan romper con los golpes militares que marcaron la historia de la región durante los años 70 y 80, en plena guerra fría. El desprestigio de estas dictaduras y la movilización social obligaron al cambio de estrategia a partir de los noventa. Con gobiernos civiles, la tecnocracia supuestamente apolítica impuso a rajatabla el credo neoliberal.

Un instrumento privilegiado del golpe blando es el llamado lawfare, interpretado como una guerra jurídica, implementada por potencias, en especial EE. UU., contra países que amenacen sus intereses.

La profesora argentina Silvina Romano, estudiosa del tema, explica cómo en la última década los tribunales han adquirido un rol protagónico en la política de varios países latinoamericanos, particularmente en períodos electorales. Se activan las causas anticorrupción de manera selectiva contra funcionarios y líderes de peso.

Se trata del uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política. Es la guerra por otros medios para garantizar la libertad de los mercados y la naturalización de un sistema internacional asimétrico www.lawfare%20y%20neoliberalismo%20Silvina%20Romano.pdf

Este análisis no niega que los supuestos delitos deban ser investigados y judicializados, si hay lugar. Lo que no puede aceptarse es que se convierta en un mecanismo selectivo para obtener resultados políticos, en medio del show mediático.

Por ello, los escándalos recientes en Colombia en el entorno de la Presidencia deben ser investigados, aclarados y sancionados por la Justicia. Pero no podemos dejar de lado que se desarrollan en medio del enfrentamiento claro entre el Gobierno Nacional y el fiscal general, convertido en primera figura de la oposición.

El comportamiento de este personaje engreído y estúpido, aunque no menos peligroso, se orienta a entrabar las reformas y la búsqueda de la paz. Archivó la llamada ñeñepolítica, que comprometía a Duque, su compañero de pupitre. Ha insistido en la preclusión del caso de Uribe, contra toda evidencia.

Protege a los asesinos del Clan del Golfo. Llama los militares a insubordinarse contra el gobierno. "No porque les dan una orden o les dicen algo, hay que hacerlo", les dijo recientemente. A ello se suma la conspiración de los militares en retiro de reciente expresión.

En este marco, la arremetida de los medios corporativos (no de varios periodistas valientes y honestos) contra el gobierno es abrumadora. Claman por la libertad de prensa en abstracto y defienden su supuesta imparcialidad.



Llaman la atención las carátulas, titulares que distorsionan la información, editoriales disfrazados de noticias, entrevistas a personajes supuestamente técnicos como Carrasquilla, sin el menor cuestionamiento o contra pregunta por su papel reciente. Ni siquiera cuando clama abiertamente por terminar con este gobierno.

O el intento de negar y ridiculizar el racismo prevaleciente cuando Petro defiende a Francia de los persistentes ataques y estigmatizaciones que recibe.

Por eso, hay que hilar un poco más fino, señor director de El Espectador. No se trata solo de "errores en cubrimientos puntuales".

Definitivamente, avanza la estrategia de desestabilización hacia el golpe blando y hay que seguir alerta.

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