Por unanimidad, la Comisión de Constitución de Diputados aprobó este viernes el proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes y da paso a la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los casos de pederastia que involucra a religiosos. El proyecto de ley se denomina de lucha contra la impunidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes La iniciativa fue presentada por el Gobierno Nacional, luego de las confesiones de pederastia del sacerdote jesuita fallecido Alfonso Pedrajas, quien en su diario reveló que abusó sexualmente a más de 85 niños y adolescentes, la mayoría en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba. El caso dio paso a una serie de denuncias de abuso sexual contra otros religiosos de diferentes ordenes de la Iglesia Católica. La iniciativa establece que son "imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos previstos en el Título XI Delitos Contra la Libertad Sexual del Código Penal, elevado a rango de Ley por Ley 1768, de 10 de marzo de 1997, cuyas víctimas sean infantes, niñas, niños y adolescentes". Para investigar los ilícitos de pederastia cometidos por religiosos se plantea formar la Comisión de la Verdad, que estará integrada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Transparencia Institucional y Gobierno; los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el presidente del Consejo de la Magistratura; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional; el Fiscal General del Estado; el Procurador General del Estado y el Defensor del Pueblo. La presidencia de la Comisión será ejercida por el Ministerio de la Presidencia y contará con una Secretaría Técnica que estará conformada por un equipo técnico, bajo dependencia administrativa del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que responderá funcionalmente a la Comisión. Como en pocas oportunidades, los diputados del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos aprobaron por unanimidad el proyecto de ley que pasó al plenario de Diputados para su tratamiento y aprobación. De acuerdo con el parágrafo cuarto de la disposición final primera de la iniciativa legal, los miembros de la Comisión y su equipo técnico gozarán de inviolabilidad personal y no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones, por las acciones asumidas en la investigación y por los resultados de la misma, siempre que sus acciones se enmarquen en la Ley. La iniciativa consta de siete artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. También propone subir de 15 a 30 años la condena por la violación sexual de menores de edad. Para coadyuvar a esclarecer estos hechos, el presidente Luis Arce le pidió, a través de una carta, al papa Francisco acceso de la Justicia a los archivos de casos de pederastia cometidos en Bolivia. "Sabedores que la Iglesia Católica, bajo su conducción, ha realizado investigaciones sobre hechos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes en diferentes latitudes del mundo, que tienen identificados casos y presuntos autores, pido a usted que la Justicia boliviana pueda acceder a todos los archivos, expedientes e información referente a estas denuncias y hechos de abuso sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos católicos en territorio boliviano", cita parte de la carta fechada el 22 de mayo.
En otra parte de la misiva, calificó los hechos de "delitos deplorables y aberrantes" y denunció que "fueron ocultos durante años, tiempo que transcurrió en aparente normalidad por el silencio cómplice de la estructura eclesial local, que encubrió los mismos con una inaceptable indiferencia e indolencia". En ese contexto, también le solicitó al papa Francisco "la revisión conjunta, con nuestro Gobierno Nacional, de los antecedentes de los sacerdotes católicos extranjeros que actualmente se encuentran en el Estado Plurinacional de Bolivia, pues ningún sacerdote con antecedentes de abusos sexuales contra la niñez y adolescencia debe estar desempeñándose como educador o guía espiritual en nuestro país". "El Estado boliviano se reserva el derecho de admitir el ingreso de nuevos sacerdotes y religiosos extranjeros a territorio nacional que tengan estos antecedentes de abuso sexual contra menores, entretanto se proceda con la revisión de los acuerdos y convenios vigentes, y se concluya la negociación del 'Acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Santa Sede' que, además, deberá incluir recaudos para que no se repitan los hechos que motivan esta nota", enfatizó Arce en la carta.