La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que no se está politizando el caso de pederastia dentro de la Iglesia Católica y lamentó los nulos resultados de la comisión formada por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en 2019 para investigar, justamente, este tipo de delitos.

"Duele que durante mucho tiempo no se haya avanzado, se haya encubierto y no se haya realizado una investigación como corresponde", cuestionó y aseguró que "acá no estamos politizando el tema, acá lo que estamos viendo es que se lleve adelante de la mejor manera (las investigaciones) y cumpliendo el debido proceso".

El periódico español El País reveló en abril los delitos de pederastia del sacerdote jesuita fallecido Alfonso Pedrajas, quien confesó en su diario haber abusado a más de 85 niños y adolescentes, la mayoría en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba. No solo, también afirmó que muchos de sus superiores lo sabían y le sugerían rezar.

A partir de este caso se destaparon otros. Varias víctimas también acusaron a los sacerdotes jesuitas Carlos Villamil, Eduardo Cabanac, Jorge Vila y Luis Roma Padrosa, éste último guardaba fotos de sus víctimas, la mayoría niñas indígenas de Charagua, Santa Cruz.

Relevado los hechos por el medio español, la Compañía de Jesús, de la que dependían los jesuitas, recién dio informes sobre las investigaciones internas que iniciaron contra al menos dos de los curas, Pedrajas y Roma.

Tras el escándalo llegó a Bolivia el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y hombre de confianza del papa Francisco, Jordi Bertomeu, para encaminar investigaciones internas. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) admitió que "en lugar de darles la protección y el cuidado que merecían, (las víctimas) se encontraron con una Iglesia sorda a sus sufrimientos" y anunció la creación de comisiones nacionales de "escucha" y de investigación con el fin de determinar responsabilidades y visibilizar las denuncias de abusos sexuales en su seno.

En respuesta, la viceministra señaló: "hemos visto que se están desarrollando comisiones, se ha pronunciado la Conferencia Episcopal, se está llevando adelante dos comisiones, se va a recopilar la información, bienvenido, pero también -como Estado- estamos tomando las acciones correspondientes, porque no podemos permitir que nuestra niñez se vea afectada y no encuentre justicia ante lo ocurrido durante tantos años".

Recordó que en marzo de 2019 la CEB asumió una decisión similar y formó una comisión para investigar los abusos cometidos por un sacerdote en Potosí.

"Recuerdo una comisión que se ha creado en marzo de 2019, ante la denuncia de un sacerdote en Potosí. Se creó una comisión de la Conferencia Episcopal y van cuatro años y no ha pasado absolutamente nada, no conocemos avances, no conocemos las investigaciones. Está bien que se haga las comisiones, pero como Estado, el Ministerio Público, la justicia, tendrá que actuar también y llevar adelante una investigación", insistió.

En esa dirección, recordó que el proyecto de ley de lucha contra la impunidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes, elaborado por el Órgano Ejecutivo, propone la formación de la Comisión de la Verdad.

Esa instancia estará integrada por los ministerios de la Presidencia, de Justicia y Transparencia Institucional y de Gobierno; los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el presidente del Consejo de la Magistratura; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional; el Fiscal General del Estado; el Procurador General del Estado y el Defensor del Pueblo.

La Presidencia de la Comisión será ejercida por el Ministerio de la Presidencia y contará con una Secretaría Técnica que estará formada por un equipo técnico, bajo dependencia administrativa del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que responderá funcionalmente a la Comisión.

De acuerdo con la propuesta, que se encuentra en el Legislativo para su tratamiento, los miembros de la Comisión y su equipo técnico gozarán de inviolabilidad personal y no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones, por las acciones asumidas en la investigación y por los resultados de la misma, siempre que sus acciones se enmarquen en la Ley.

Alcón explicó que la labor de la comisión será similar a la comisión que investigó los casos de feminicidio en 2022, con el objetivo de que estos delitos de abuso sexual y violación contra menores de edad no se vuelvan a repetir.

El presidente Luis Arce solicitó al papa Francisco, a través de una carta, que la "Justicia boliviana pueda acceder a todos los archivos, expedientes e información referente a estas denuncias y hechos de abuso sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos católicos en territorio boliviano".