La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados aprobó la noche de este lunes el proyecto de ley transitoria que acorta los tiempos para la preselección de candidatos rumbo a las elecciones judiciales.
La propuesta, que será remitida al pleno de Diputados este martes, reduce de 80 a 70 días la postulación y preselección de postulantes, a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y de 150 a 120 días la organización y realización de las elecciones que debe ejecutar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado del MAS Juan José Jauregui.
Rotulada como la" Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección y Elección para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura 2023", la iniciativa está compuesta por cinco artículos y tres disposiciones adicionales.
La iniciativa legal tiene el objeto de establecer parámetros necesarios para el proceso de preselección de candidatas y candidatos para la formación del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Por mandato del numeral cinco, parágrafo primero del artículo 158 de la Constitución, la Asamblea Legislativa Plurinacional elaborará, a través de la comisión Mixta que corresponda, el reglamento de preselección de candidatos y candidatas judiciales.
Será el tercer reglamento que apruebe la Asamblea Legislativa, luego de los dos anteriores que fueron suspendidos, primero, el 13 de abril, por decisión de un fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni, a demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, que observó el requisito de no emitir comentarios políticos, y segundo, el 28 de abril, por una medida cautelar emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tras admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala.
Jauregui aclaró que los tiempos no son fijos y que si el TCP demora en emitir su sentencia por la acción de inconstitucionalidad abstracta, el TSE podrá ajustar más los tiempos para administrar las elecciones judiciales, la tercera de la historia del país.
Recordó que en 2017 se dio al TSE un plazo de 90 días para administrar el proceso electoral por mandato de la Ley Transitoria 960.
"Esperamos que exista la celeridad por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional para resolver este recurso abstracto y nos permita reiniciar el proceso de preselección", indicó Jauregui.
El fin de semana, la vocal del TSE Dina Chuquimia informó que el ente electoral ya concluyó la planificación para la celebración de las elecciones judiciales 2023 y sólo espera el pronunciamiento de la ALP para encarar todo el operativo.
De manera inicial, el TSE perfila para noviembre la celebración de las elecciones judiciales.
En esas elecciones, los bolivianos elegirán a los nuevos magistrados y consejeros que conformarán el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM).
Las nuevas autoridades deben asumir sus cargos en enero de 2024.