La fiscal especializada en delitos en razón de género, Jimena A. Barrios, determinó medidas de protección para la recién electa presidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, Daniela Cabrera, y prohibió al alcalde Manfred Reyes Villa y otros munícipes que la "intimiden o molesten por cualquier medio o a través de terceras personas" mientras dure el conflicto que se generó en torno a la nueva directiva del Concejo.
La resolución fiscal también prohíbe a Reyes Villa y a sus colaboradores Diego Murillo, Mauricio Muñoz y Gustavo Camargo "acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes y descendientes, o cualquier otro espacio que frecuente" Cabrera.
Estas medidas de protección fueron interpuestas paralelamente a la denuncia de acoso político que planteó la presidenta del Consejo Municipal cochabambino contra Reyes Villa, luego de que este y sus colaboradores adoptaran una serie de acciones para presionarla a renunciar al cargo al que acaba de ser elegida e incluso a su curul como concejal.
El pasado 3 de mayo, la entonces presidenta del Concejo Municipal, Marilyn Rivero, convocó a votar para renovar la directiva, postulando a la reelección. Luego de dos votaciones, el Concejo eligió por mayoría a Daniela Cabrera, concejal por Súmate, la agrupación mayoritaria. Después de esto, el grupo de Súmate que estaba por la reelección de Rivero, apoyado por el alcalde Manfred Reyes Villa, convocó a la población a desconocer el acto del Concejo y a presionar, con tomas, protestas y un cabildo, para lograr la renuncia de Cabrera y Claudia Flores, que también es de Súmate y es la nueva secretaria del Concejo.
En ese marco, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia emitió un pronunciamiento recordando que las presiones para lograr la renuncia de una mujer de un cargo político constituyen el delito de acoso político, que está tipificado en el Código Penal.