Amnistía Internacional (AI) urgió ayer a Perú y Chile a poner fin a la militarización de sus fronteras y acusó a los presidentes de ambos países de decretar "políticas crueles y deshumanizadoras que violan las normas internacionales".
"Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas (migrantes) como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras, que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para la protección de personas en necesidad de protección internacional", sostuvo la organización en un comunicado.
AI estimó que al menos 300 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad venezolana y haitiana, se encuentran varadas en la frontera entre los dos países "en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas".
Pasos fronterizos
Recordó que, desde comienzos de año, el Gobierno chileno desplegó efectivos militares a sus fronteras con Bolivia y Perú, con el fin de detener la llegada de personas indocumentadas al país, y que "el cierre de la frontera ha provocado fuertes tensiones en las últimas semanas".
El Gobierno peruano, por su parte, declaró un estado de emergencia en siete departamentos fronterizos, entre ellos Tacna, colindante con Chile.
"Estas medidas fueron adoptadas en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular", señaló la organización en su comunicado.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, señaló que al militarizar se cierra "la puerta a miles de personas que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen".
"Los gobiernos de (Gabriel) Boric (Chile) y (Dina) Boluarte (Perú) están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas", apuntó AI.
La organización insistió, en esa línea, que "los gobiernos de Chile y Perú están obligados a proveer de protección y garantizar el derecho a solicitar asilo" a las personas en necesidad de protección internacional, "de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por ambos países e incorporados en su legislación".
"Cuando los Estados acuden a medidas unilaterales contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, generan un efecto dominó contra los migrantes", sentenció el organismo.