El Gobernador de Santa Cruz participó de su audiencia vistiendo la banda que o acredita como Gobernador.
El juez primero de Instrucción Anticorrupción, Helmer Laura, ordenó, la noche del jueves, seis meses de detención preventiva para el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, por haber liderado el paro de 36 días en Santa Cruz para intentar adelantar la fecha del censo.
"Determinamos que, por el momento, el señor Luis Fernando Camacho deberá mantener una detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el tiempo de seis meses que había solicitado el Ministerio Público y las demás instituciones", sentenció Laura.
En este caso, Camacho es investigado por varios delitos, entre ellos: terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas.
El gobernador cruceño es el único imputado por este caso a pesar de que la denuncia también recae sobre los otros líderes que formaron parte del Comité Impulsor del Censo: Rómulo Calvo (expresidente cívico), Vicente Cuéllar (rector de la UAGRM), Reinerio Vargas (vicerrector) y José Luis Santistevan (abogado constitucionalista).
Como viene acostumbrando, Camacho participó de la audiencia virtual vistiendo la banda verde, blanco y verde que lo acredita como gobernador de Santa Cruz.
El miércoles, cabe recordar, la justicia ya había definido ampliar su detención preventiva por cuatro meses por el caso denominado 'Golpe de Estado I'.
Camacho está detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro desde finales de diciembre del 2022.
Juez ordena seis meses de detención preventiva para Fernando Camacho por el paro de los 36 días
En este caso, Camacho es investigado por varios delitos, entre ellos: terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas.
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