Domingo 8 de noviembre de 2020. Luis Arce asume la Presidencia de Bolivia, después de haber ganado las elecciones generales con el 55,1% y luego de gruesos errores del gobierno transitorio conducido durante un año por la exmandataria Jeanine Áñez. Fue el último presidente en jurar al cargo en el antiguo Palacio Legislativo, en un ambiente de moderada esperanza.

Asumió con tres grandes desafíos: reconciliar al país tras la grave crisis política de 2019, vencer el Covid-19 con la vacunación masiva y reactivar la economía nacional golpeada por la parálisis del mundo debido a la pandemia. El lunes 8 de mayo de 2023, Arce cumple la mitad de su mandato habiendo cumplido un tercio de los retos iniciales de su gestión.
En estos dos años y medio, tras enfrentar cinco de las seis olas pandémicas, la administración de Arce está a punto de superar el Covid-19 que produjo casi 1,2 millones de contagios y mató a 22.376 personas a nivel nacional. Hubo problemas con las vacunas rusas Sputnik V y luego con los grupos antivacunas ligados al masismo, pero el coronavirus empieza a ser un mal recuerdo.
Lo que sigue presente es la irresuelta crisis política, con signos de agudización, y un nuevo periodo de crisis económica producto de la caída de las reservas internacionales, la desaparición de los dólares, la reducción de la calificación crediticia internacional y la subida del riesgo país, aunque estos dos últimos factores experimentaron un repunte tras la aprobación de la Ley de Oro en Diputados.
El anuncio del FMI de que el crecimiento de la economía boliviana en 2023 se encogerá al 1,8% terminó de configurar un escenario crítico para el país, a pesar de que el autor del "milagro económico boliviano" preside ahora el Estado Plurinacional y quiere hacerlo hasta la celebración del Bicentenario de la República, en 2025.
Y como no había ocurrido en cerca de dos décadas de populismo autoritario, en la primera mitad del viaje presidencial de Arce, se desató una guerra de facciones que escaló a niveles insospechados con acusaciones cruzadas de traición, corrupción, persecución y protección al narcotráfico que tocaron incluso a familiares de los actuales y anteriores gobernantes.
En las últimas semanas, la arremetida del evismo contra el gobierno de Arce puso el acento en el mal manejo de la economía de quien fuera Ministro de Economía y Finanzas prácticamente durante el tiempo en que Evo Morales gobernó el país (2006-2019).
Distinta sería la historia si el embate, cuyos antecedentes directos están en el despilfarro de recursos en tiempos de auge, la falta de exploración de hidrocarburos, el mantenido déficit fiscal, la pandemia paralizante y la guerra en Europa que dinamitó la cadena de suministros a nivel mundial, estuviese siendo afrontado con unidad en el bloque oficialista.
Sucede todo lo contrario. Arce arriba a la mitad de su mandato con serios problemas de gobernabilidad que alejaron la esperanza ciudadana y alentaron la incertidumbre sobre lo que pasará en el futuro inmediato para los bolivianos. Desconfianza, temor, malestar… son las sensaciones que rodean ahora a la actual gestión gubernamental.
El masismo empezó el periodo legislativo 2020-2025 con 78 diputados y 21 senadores, 99 legisladores en total. Si bien no consiguió los dos tercios de los 166 parlamentarios que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional, como en tiempos de Morales, desde un principio empezó a sumar a legisladores de Creemos, en realidad aquellos que resultaron electos como cuota de UCS.
Pues bien, la fractura entre evistas y arcistas tiró por los suelos cualquier garantía de unidad en el partido de gobierno y a estas alturas la división parece irreversible. Para graficar la situación, concentrémonos en lo que sucedió en la aprobación de la Ley del Oro en la Cámara de Diputados.
La primera votación de la estación en grande puso al descubierto un elemento central cumplida la primera mitad del mandato constitucional: el presidente Arce está gobernando Bolivia en minoría.
54 de los 119 diputados presentes votaron por la aprobación de la norma después de que el propio Presidente, Vicepresidente y el Ministro de Economía pidieran a los "diputados patriotas" que den luz verde a la ley que supuestamente repondrá la reserva monetaria.
En la segunda votación aparecieron 19 votos más, con lo que la Ley que autoriza la venta de las joyas de la abuela hasta por 1.300 millones de dólares fue aprobada en grande por 73 diputados. En medio de acusaciones de circulación de "maletines negros" y de transfugio, queda en evidencia que un gobierno en minoría está dispuesto a todo para evitar que se descubra que tiene los pies de barro.
No debería extrañar, por tanto, que se hagan otras cosas, desde gastar millones en publicidad gubernamental para asegurar que la economía es estable y no hay nada de qué preocuparse, hasta maquillar datos para mostrar que las Reservas Internacionales Netas (RIN) son suficientes para cumplir las obligaciones como país.
Los sectores empresariales, productivos, cívicos, sociales y sindicales han reaccionado de diferente manera ante las dificultades económicas. Los dos primeros optaron por sentarse con el Gobierno y han pedido la apertura de mesas de diálogo, mientras que los segundos se jugaron por la protesta callejera ante la duda de que la Ley del Oro resuelva mágicamente los problemas y la sospecha adicional de que los recursos de las jubilaciones sean usados por la Gestora Pública como un paliativo.
A partir del 8 de mayo de 2023 y hasta un año antes de que se cumpla el mandato del presidente Arce, la Constitución abre la posibilidad de que se active el procedimiento para viabilizar un referéndum revocatorio de mandato, lo que dudo que ocurra después de que los juristas independientes no lograran reunir la cantidad de firmas para la convocatoria a un referendo judicial.
Por tanto, el actual mandatario cumplirá su deseo de celebrar el Bicentenario del nacimiento del país como república independiente, pero es difícil anticipar si para ese momento logrará superar tanto la crisis económica que puede ser de larga duración, como ocurrió en tiempos de la UDP, y la crisis política atizada desde una parte de su propio partido, requisitos ineludibles si pretende buscar la reelección presidencial y conducir al Estado en el periodo 2025-2030.