La Fiscalía presentó ante la Justicia la ampliación de la imputación formal en el caso Golpe de Estado I en contra del encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho por seis nuevos delitos como financiamiento al terrorismo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa.
La petición fue presentada el jueves en el Juzgado 1ro de Instrucción anticorrupción de la ciudad de La Paz, donde se pide fijar hora y fecha para la audiencia cautelar. En la imputación se pide cuatro meses de detención preventiva, según el documento de imputación revelado por la red televisiva DTV.
En el documento se asegura que "existe suficientes indicios" de que Camacho sea el autor de los delitos de "financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tipificados y sancionados en los artículos 133 bis, 158, 127, 130 y 132 del Código Penal, así como el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos tipificado y sancionado en el artículo 26 de la Ley 004, en relación al artículo 20 de la misma norma penal sustantiva".
El artículo 127 del Código Penal sobre seducción de tropas establece: "El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar".
Durante una reunión con su círculo de amigos, el propio Camacho reveló en diciembre de 2019 que su padre, José Luis, "cerró" con militares y policías un acuerdo para que no respalden al presidente Evo Morales, lo que aceleró el golpe de Estado y la toma del poder por parte de Jeanine Áñez, gobierno de facto donde se dieron las masacres de Sacaba y Senkata.
Mientras que cohecho activo, artículo 158, determina: "El que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del Art. 145, disminuida en un tercio".
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció el 4 de enero movimientos bancarios millonarios de Camacho antes, durante y después del golpe de Estado.
De acuerdo con el detalle, los movimientos en la cuenta bancaria de Camacho, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, llegaban a unos Bs 4,5 millones.
El también excívico fue parte central de las movilizaciones cívicas violentas de 2019. Carolina Ribera, hija de Áñez, reveló que Camacho fue parte del gobierno de su madre y que pidió muchos ministerios.
Camacho guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro, desde el 30 de diciembre de 2022. Es procesado por el caso Golpe de Estado I, que fue planteado por la exdiputada del MAS Lidias Patty, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno, para establecer responsabilidades por los hechos que acabaron en la renuncia de Morales.
En su petición, el Ministerio Público sugiere realizar "una pericia de auditoría forense a las transacciones que Camacho realizó en 2019 y que, presuntamente, fueron a cuentas de algunos militares como del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros, de quien su abogado admitió que recibió financiamiento del excívico.
Precisamente en este nuevo proceso, Terceros fue imputado por los delitos de cohecho pasivo, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
La Fiscalía también consideró en su petición que es "necesario identificar, a través de la toma de declaraciones, a las personas que acompañaron en el vuelo en la nave del Ministerio de la Presidencia a Luis Fernando Camacho Vaca", sin dar mayores datos.