El Ministerio Público imputó formalmente a la expresidenta Jeanine Añez por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves dentro de las investigaciones por la masacre de Senkata ocurrida durante su Gobierno, en noviembre de 2019. Su audiencia de medidas cautelares se desarrollará el próximo jueves 20 de abril.
"La suscrita comisión de fiscales de materia imputa formal y provisionalmente a la ciudadana Jeanine Áñez Chávez por la probable comisión delictiva de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados (…) en el Código Penal en grado de autoría (…) pidiendo en consecuencia ante vuestra autoridad se tenga presente y se inicie formalmente el proceso (…)", indica el documento de imputación de la Fiscalía.
La imputación tiene fecha de 17 de abril y fue presentada ante el juzgado penal cautelar primero de El Alto. La Fiscalía pide seis meses de detención preventiva para Añez, quien ya se encuentra detenida en el penal de Miraflores por otros casos.
Según información oficial, la audiencia de medidas cautelares se desarrollará el jueves 20 de abril a partir de las 16:00 hrs. y será de forma virtual.
En criterio del Ministerio Público, Añez es responsable puesto que durante su Gobierno emitió el, así llamado, "decreto de la muerte" que habilitaba y eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas por su accionar en operativos de orden público. Con la norma vigente, el 19 de noviembre, al menos una decena de personas fallecieron en Senkata tras operativos policiales- militares.
La semana pasada, Añez rechazó declarar ante la Fiscalía por este caso al considerar que el Ministerio Público no tiene competencia para juzgarla y, en su calidad de expresidenta, debería someterse a un juicio de responsabilidades.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció que hubo "masacres" en Sacaba y Senkata, donde en noviembre de 2019 al menos una veintena de personas murieron durante una intervención militar ejecutada con base en un decreto emito por el entonces gobierno de Áñez.