El presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, Fernando Larach, reconoció que durante los 36 días de paro, promovido por la entidad cívica entre octubre y noviembre de 2022, se registraron hechos de violencia y vulneración a los derechos humanos.

Larach llegó en la jornada hasta el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción e Investigación de Legitimación de Ganancias Ilícitas, para apoyar a quienes fueron citados a declarar por los 36 días de paro cívico.

En un breve contacto con los medios de comunicación, aceptó que en ese periodo se registraron hechos de violencia y vulneración a los derechos humanos.

"Nosotros también pedimos justicia por los hechos suscitados en 2022, no solo hubo violencia en el Plan 3.000, sino también en La Guardia, Pailón y Pailas", dijo Larach.

Sobre la quema de instituciones, como la sede de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, dijo que se debería de investigar, al igual que la toma y saqueo de otras instituciones.

Entre octubre y noviembre de 2022, Santa Cruz vivió 36 días de terror, caracterizado por el racismo, la discriminación, quema de instituciones, saqueo de mercados y atentado contra los derechos humanos.

Además, se coartó el derecho al trabajo y la libre circulación de las personas.

Ante esos hechos, el Ministerio Público activó las investigaciones correspondientes y convocó este jueves a declarar, en calidad de denunciados, a Rómulo Calvo, expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz; Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM); José Luis Santistevan, asesor legal del Comité Interinstitucional; y a Vicente Cuellar, rector de la UAGRM que no se presentó por motivos de viaje.

La Fiscalía investiga al menos 10 delitos, entre ellos terrorismo, discriminación, atentado contra la libertad del trabajo, entre otros.