Tres líderes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz: Rómulo Calvo, José Luis Santistevan y Reinerio Vargas, se acogieron al silencio en el proceso por el paro de 36 días en Santa Cruz, medida impulsada por esa organización.

Junto al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, que se encuentra en el Vaticano, están investigados por la supuesta comisión de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; atentado contra el Presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, entre otros.

"Nos abstuvimos a declarar y complementamos nuestra declaración porque no queremos entorpecer el trabajo que están haciendo nuestros abogados", dijo Calvo, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, al salir de la Fiscalía.

Acusó al Gobierno de ser "hábil" en buscar contradicciones para acusar y condenar, principalmente, a los actores del bloque de oposición. "Aquí no existe justicia, aquí no existe ley, no existe Constitución Política del Estado, ni nada", reclamó.

El paro impulsado por el Comité
El proceso se abrió a instancias del secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022. El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en el departamento de Santa Cruz. Precisamente, esto fue cuestionado por Cuéllar.

Por su parte, Vargas, vicerrector de la UAGRM, dijo que él y sus compañeros demostraron que son "personas de bien" y que se defenderán "en todas las circunstancias".

"Nos hemos abstenido de hacer una declaración porque, sobre 10 procesos, querer decir alguna cosa podría ir en contra nuestra; lo lógico es hacer lo que hemos hecho (…). No hay miedo ni temor", apuntó.

El Gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, también está en la lista de investigados.

En 2022, a iniciativa del Comité pro Santa Cruz, la Gobernación y la UAGRM, fue conformado el Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz, cuyas acciones fueron destinadas a buscar que el Gobierno defina el Censo de Población y Vivienda en 2023. El propósito fracasó; una mesa técnica en Cobija y la Asamblea Legislativa definieron que el 23 de marzo de 2024 se lleve a cabo la consulta nacional.

Cabildos y movilizaciones caracterizaron las protestas, que luego degeneraron en jornadas de violencia, como la muerte de al menos tres personas a causa de la presión y los puntos de bloqueo. Además, grupos violentos de apoyo al Comité pro Santa Cruz quemaron las sedes de la Federación de Campesinos y la Central Obrera Regional.