Según los juristas independientes, 1.5 millones de personas ya firmaron para pedir un referéndum constitucional.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por lo juristas independientes que impulsa una recolección de firmas para promover un referéndum que posibilite una reforma judicial en el país.
La audiencia pública se realizará el miércoles 12 de abril a las 8 de la mañana de forma presencial, según información oficial.
El amparo fue presentado por los juristas independientes después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) les recordara que, según reglamento, deben presentar las firmas recolectadas a través de un medio digital.
Así, los juristas piden a la Sala Constitucional dejar sin efecto las decisiones del TSE y ser exonerados de la obligación de transcribir a un formato digital las "1.5 millones de firmas recolectadas".
El pasado 4 de abril, a través de un comunicado, el TSE recordó a los juristas independientes que realizan una recolección de firmas para lograr una reforma judicial a través de un referéndum constitucional que el reglamento para ese proceso exige que las firmas sean presentadas a través de un "libro de adhesión" y también a través de un "medio óptico" (digital) para su verificación.
"El reglamento prevé que el medio habilitado para verificar las firmas y huellas dactilares son los "libros de adhesión" y "medio óptico" tal como se regula en sus artículos del 15 al 23 (del Reglamento para la Verificación de Huellas, Firmas y la Pregunta en el Proceso de Iniciativa Popular para Referendo), señala el comunicado.
El mencionado reglamento fue aprobado el 2013 y modificado en los años 2017 y 2022, según el TSE.
El Tribunal Supremo Electoral, en ese sentido, resalta que el reglamento está vigente y es constitucional y recuerda que los promotores de la iniciativa ciudadana se rigen por esa norma para la recolección de firmas y huellas dactilares.
En ese sentido, el TSE también hace eco de las advertencias de los juristas independientes de presentar un amparo constitucional para evitar que se les obligue a presentar las firmas en un formato digital y señala que el Reglamento mencionado está vigente hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictamine lo contrario.