Cerca de las 13h30 de este martes, el Juzgado Décimo Quinto de Sentencia Penal instaló el juicio oral en contra del expresidente del Comité Pro Santa Cruz Rómulo Calvo, por los delitos de incitación al racismo, discriminación y ultraje a la wiphala en un acto público de septiembre de 2021.
Durante la audiencia, el juez recibió la declaración de los testigos, entre ellos el diputado Rolando Cuéllar, quien exigió que se haga justicia por la discriminación que sufrieron varias autoridades y la ofensa a la wiphala en el acto público por el aniversario cruceño en plena plaza 24 de Septiembre.
"Nosotros, en esta audiencia, hemos contado cómo un dirigente del Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) ha sido chicoteado e insultado. Nosotros hemos salido de la misma manera, pedimos a la justicia la pena máxima de seis años para el señor Rómulo Calvo, para que se respete la wiphala", demandó el legislador del MAS.
La audiencia se extendió por tres horas y media. Tras la recepción de las declaraciones, se declaró un cuarto intermedio hasta las 09h00 del 11 de abril.
El caso denominado "ultraje a la wiphala" fue activado a denuncia de los asambleístas departamentales de Santa Cruz del MAS, quienes acusaron al excívico de ultrajar el símbolo patrio.
El Ministerio Público exigió -en su imputación formal- que Calvo sea condenado a cinco años de reclusión en Palmasola, pero la parte denunciante pedirá seis años de condena.
El Caso
Durante los actos protocolares por la efeméride cruceña en 2021, en plena plaza 24 de Septiembre, el hoy gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho suspendió de manera abrupta los actos protocolares, momentos antes de que fuera el turno, por protocolo, de intervenir del presidente en ejercicio David Choquehuanca.
Camacho respondió así a la iniciativa de Choquehuanca de lograr que se izara en uno de los mástiles la wiphala. Tras la suspensión del acto, seguidores de Camacho y cívicos arriaron la wiphala en medio de incidentes.
Calvo se refirió a la wiphala como "un trapo" y descartó que representa a Santa Cruz. "Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa", afirmó en octubre de 2021, cuando se realizaba el "wiphalazo", como parte de un desagravio al símbolo de los pueblos indígenas.
El artículo 129 del Código Penal, referido al ultraje a los símbolos nacionales, señala que el que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.