A través de un comunicado, el Tribunal Supremo electoral (TSE) recordó a los juristas independientes que realizan una recolección de firmas para lograr una reforma judicial a través de un referéndum constitucional que el reglamento para ese proceso exige que las firmas sean presentadas a través de un "libro de adhesión" y también a través de un "medio óptico" (digital) para su verificación.
"El reglamento prevé que el medio habilitado para verificar las firmas y huellas dactilares son los "libros de adhesión" y "medio óptico" tal como se regula en sus artículos del 15 al 23 (del Reglamento para la Verificación de Huellas, Firmas y la Pregunta en el Proceso de Iniciativa Popular para Referendo), señala el comunicado.
El mencionado reglamento fue aprobado el 2013 y modificado en los años 2017 y 2022, según el TSE.
El Tribunal Supremo Electoral, en ese sentido, resalta que el reglamento está vigente y es constitucional y recuerda que los promotores de la iniciativa ciudadana se rigen por esa norma para la recolección de firmas y huellas dactilares.
En ese sentido, el TSE también hace eco de las advertencias de los juristas independientes de presentar un amparo constitucional para evitar que se les obligue a presentar las firmas en un formato digital y señala que el Reglamento mencionado está vigente hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictamine lo contrario.
Ayer, a la cabeza del exalcalde de La Paz, Juan del Granado, el grupo de juristas señaló que la transcripción de firmas a un formato digital es un requisito "imposible de cumplir" por el millonario costo que significaría, por lo que anunciaron la presentación de un amparo constitucional.
"Tardaríamos 2 meses y medio solo en transcribir los 1.5 millones de partidas. Además, el costo, calculado en más de un millón de bolivianos, para los promotores del Referendo es inalcanzable y se constituye en una abierta restricción anulatoria de la democracia directa y por tanto contraria a la Constitución", se informó.
Los juristas están en el proceso de recolectar un millón y medio de firmas, con las cuales se activaría un referendo para modificar la Constitución y, de esa manera, reformar la justicia.