El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este jueves el avance de cumplimiento de Bolivia en las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos Brisa, Bedregal y Prosegur (Blass Valencia).
"En los tres casos hemos realizado acciones para el cumplimiento de las sentencias que tienen que ver, en primer lugar, con entablar comunicación con las personas peticionarias, consideradas ahora víctimas por la Corte IDH y por el Estado", explicó Chávez en conferencia de prensa.
Detalló que la Procuraduría sostuvo reuniones con las partes accionantes, ahora consideradas como víctimas, para establecer un "cronograma para el cumplimiento de las obligaciones que asume el Estado de acuerdo a las sentencias".
La autoridad recordó que, tras conocer oficialmente los fallos en estos casos, el Estado se comprometió en su cumplimiento.
Aseveró que se procedió con las publicaciones del resumen de las sentencias en medios de circulación nacional y señaló que se continuará con más publicaciones de este tipo. Remarcó que en estos casos se tienen "avances significativos".
Manifestó que hasta julio de este 2023 se cumplirá con el pago del resarcimiento económico en los casos de Blass Valencia (Prosegur) y Bedregal.
"El Estado va cumplir con el resarcimiento económico, hemos cruzado los oficios respectivos, se va hacer un esfuerzo sustancial de parte nuestra, por supuesto para lograr cumplir con el pago dentro del semestre que se va cumplir el 26 de julio", indicó.
Caso Juan Carlos Flores Bedregal
Juan Carlos Flores Bedregal era dirigente del Partido Obrero y estaba en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) el 17 de julio de 1980, cuando se dio el asaltado por fuerzas militares y paramilitares integrantes del golpe de Estado.
Según la Corte, en esas circunstancias Flores Bedregal fue alcanzado por una ráfaga de disparos y desde ese entonces se desconoce su paradero. La misma situación ocurrió con el dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Flores Bedregal fue víctima de desaparición forzada en la dictadura de Luis García Meza, la Corte IDH determinó el pago de una indemnización pecuniaria a favor de la familia del otrora dirigente del Partido Obrero.
Esta sentencia obliga al Estado investigar y esclarecer las circunstancias de la desaparición forzada de Flores Bedregal, así como de su paradero; brindar tratamiento médico y psicológico a las hermanas Flores Bedregal.
Además, las medidas de no repetición determinan adoptar las medidas correspondientes para fortalecer el marco normativo de acceso a la información en casos de presuntas violaciones de derechos humanos, y levantar la reserva de cualquier documentación relacionada con la desaparición de la víctima.
La Corte IDH valoró que "tras la reinstauración de la democracia en Bolivia en 1982", se pudo investigar los delitos cometidos por el gobierno de facto, "lo cual culminó con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 15 de abril de 1993" en contra de García Meza y sus cómplices.
La Corte también consideró que el Estado "no es responsable de la violación del derecho de asociación y derechos políticos" reconocidos en los artículos 16 y 23 de la Convención Americana en perjuicio Flores Bedregal.
Caso Blass Valencia
En el caso Prosegur, sucedido durante el gobierno de Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), la Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos de 26 personas.
El 14 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 08:15 de la mañana, un grupo armado atracó la furgoneta de transporte de valores de la empresa Prosegur, en la avenida Kantutani de la zona sur de la ciudad de La Paz, donde se robó una cantidad importante de dinero.
La forma en la que operaron los asaltantes conmocionó a la población por la extrema violencia tras interceptar un carro blindado con armas de guerra, donde asesinaron a dos policías y un empleado civil.
La banda delincuencial era liderada por el coronel de policía Blass Valencia que ejecutó robos millonarios y extremadamente violentos en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
En 2003, el Tribunal Segundo de Sentencia de El Alto, luego de cinco meses de juicio oral, condenó a 30 años de cárcel a miembros de la Banda de Blas -como se bautizó al grupo de delincuentes- por el asalto a la empresa distribuidora de valores Prosegur de La Paz.
Valencia cumplía su condena en el penal de Chochocoro de La Paz, misma que llegó a controlar, por lo que fue trasladado al centro penitenciario de Santa Cruz para disminuir su influencia en la penitenciaria altiplánica.
Amparado en la Ley de Ejecución Penal 2298, el excoronel se benefició con su libertad condicional argumentando que cumplió las dos terceras partes de su condena.
El excoronel acudió en calidad de víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de sus derechos humanos y de sus parientes durante su aprehensión después del asalto.
La Corte IDH narra en la sentencia que los allanamientos se practicaron en al menos ocho inmuebles y que en una de esas intervenciones, "los policías golpearon a las mujeres en sus partes íntimas y amenazaron a hijos e hijas frente a sus parientes para forzar a éstos últimos a confesar".
El fallo del caso catalogado como "Valencia Campos y otros Vs. Bolivia" por la Corte-IDH determinó una indemnización compensatoria a cada una de las víctimas.
Caso Brisa de Angulo
Brisa vivía con su familia en Cochabamba. En el 2001, cuando tenía 16 años su primo E. G. A., de 26 años, llegó a vivir con su familia para terminar sus estudios.
En el 2022, Brisa reveló que en diversas ocasiones sufrió actos de violencia sexual, incluidos abusos sexuales y violación, por parte de su primo.
Brisa de Angulo tuvo que reunir mucho valor para presentarse ante las autoridades.
En ese momento, en lugar de acogerla y protegerla, funcionarios policiales, de salubridad y judiciales dudaron de ella, la obligaron a repetir los exámenes médicos, desatendieron su testimonio y absolvieron inicialmente a su primo, lo que la obligó a apelar hasta tres veces. Al final, el acusado aprovechó la situación fue aprovechada y fugó del país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó en enero pasado que el Estado boliviano es responsable internacionalmente por la violación de los derechos humanos de una víctima de violencia sexual, que sufrió una revictimización en el proceso judicial.
Bolivia debe buscar y obtener la extradición y el juzgamiento del presunto violador, que vive en Colombia.
El Estado boliviano debe establecer un protocolo de tratamiento de las denuncias de agresión sexual contra menores, los funcionarios de todos los niveles deben ser capacitados en este protocolo.
Este nuevo protocolo debe evitar la revictimización, por ejemplo, se debe limitar la investigación del cuerpo de la mujer denunciante a un solo análisis médico, y garantizar la participación de expertos en psicología y médicos especializados en situaciones traumáticas durante toda la investigación.
En este caso el Procurador afirmó que se sostendrán una serie de reuniones con el Sistema Educativo desde la formación básica para que se trabaje en la prevención desde la educación sexual integral para evitar la repetición de casos como el de Brisa.
En este caso la afectada renunció a una indemnización.