La investigación fue activada por la Fiscalía en marzo, por una denuncia presentada en marzo de 2022 cuando los asambleístas del MAS acusaron a Camacho por presuntas irregularidades debido a que designó a uno de sus secretarios como gobernador en ejercicio en vez de dejar el cargo al vicegobernador Mario Aguilera.

La audiencia cautelar del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el llamado "caso Decretazo" fue suspendida este viernes hasta el 21 de abril, porque se encontraba recibiendo un tratamiento médico en el penal de Chonchocoro.
"Él (Camacho) estaba recibiendo su tratamiento médico y no puede ser interrumpido, por lo que se tuvo que suspender la audiencia para el 21 de abril", informó el abogado de defensa del gobernador cruceño, Martín Camacho.
Pese a que la audiencia de este viernes estaba programada desde el 14 de marzo, este acto procesal fue suspendido hasta el siguiente mes. Además, la defensa de Camacho reveló que se había interpuesto algunos incidentes y excepciones, entre ellos la nulidad de la imputación, de los elementos de prueba, entre otros.
La investigación fue activada por la Fiscalía en marzo, por una denuncia presentada en marzo de 2022 cuando los asambleístas del MAS acusaron a Camacho por presuntas irregularidades debido a que designó a uno de sus secretarios como gobernador en ejercicio en vez de dejar el cargo al vicegobernador Mario Aguilera.
Restringen visitas a Camacho y lo imputan por caso "decretazo"
En la imputación formal, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Camacho por 180 días en la cárcel Chonchocoro, donde actualmente guarda detención por el caso Golpe de Estado I.
Se lo acusa por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, y nombramiento ilegal.
La denuncia de los legisladores cruceños del MAS da cuenta que el gobernador delegó sus funciones, mediante decreto 373, al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, y no al vicegobernador Aguilera, como lo establece el Estatuto Departamental.
El decreto cuestionado fue publicado y luego eliminado de la Gaceta Departamental Oficial.