El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, ayer que este alto juzgado no abrirá un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez. Eso, debido a que la Asamblea Legislativa no lo autorizó. Por eso remitió el caso a un juez de El Alto.
"El Tribunal Supremo no ha recibido ninguna autorización de parte de la Asamblea Legislativa para iniciar ningún juicio de responsabilidades a ninguna autoridad; en esa medida no radica en sala plena del Tribunal Supremo ningún proceso en contra de esta ciudadana, por lo tanto, para el Tribunal Supremo no se ha abierto ninguna competencia jurisdiccional", afirmó Torres, luego del acto de presentación de la Plataforma Virtual del Observatorio
Defensorial Judicial e inauguración de la oficina en la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de La Paz, según recogió la agencia estatal ABI.
Como se sabe, el expediente del juicio de responsabilidades por las masacres en Sacaba y Senkata fue devuelto al TSJ. Esa instancia lo remitió a la jurisdicción paceña.
Dicho expediente llegó a La Paz el jueves 16 de febrero. El Supremo Departamental de Justicia lo envió con una nota al juez Primero de Instrucción Penal de El Alto, Marco Antonio Amaru, recién el jueves 23 de febrero. Justificaron ello debido a las fiestas del Carnaval.
Ese mismo día, el juez Amaru emitió un "decreto" por el cual asume plena jurisdicción sobre el caso (la denuncia contra Áñez). Aunque, por razones de dominio territorial, lo hizo solamente sobre el expediente de Senkata.
Torres explicó que no teniendo el tribunal autorización de la Asamblea Legislativa para abrir el juicio de responsabilidades contra Áñez, su Sala Penal actuó como "juez contralor". Y, bajo esa competencia, determinó remitir "los antecedentes de este proceso (Senkata), entiendo, a un juez de El Alto", remarcó. Se refirió al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, regentado por el juez Amaru.
La entrega del expediente del juicio de responsabilidades al juez Amaru no significa la apertura de un nuevo caso contra Áñez. Sino su agregación a una investigación fiscal que ya estaba en curso contra militares por las muertes de Senkata. Eso bajo la forma de ampliación de denuncia.
ARMAS.
La investigación fiscal preliminar estableció que el 19 de noviembre de 2019, miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas reprimieron a la población civil de El Alto, "registrándose un saldo de 31 personas heridas" cuyas lesiones son a causa de proyectiles de arma de fuego; "así como 10 personas fallecidas", también por proyectiles de armas de fuego.
La base de la acusación contra la exsenadora es la emisión del decreto 4078, del 14 de noviembre de 2019, que eximía de responsabilidad penal al personal militar y policial en su acción represiva, "cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", decía la norma.