El Ministerio Público informó que en la gestión 2020 hubo un total de 113 casos de feminicidio y 51 infanticidios en el país. La mayor incidencia de esos hechos delictivos corresponde al departamento de La Paz.

Según el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, de los 113 feminicidios, en el departamento de La Paz se reportaron 43 casos. Le siguen Cochabamba con 19, Santa Cruz con 18, Oruro con 13, Beni con seis, Potosí con cinco, Chuquisaca con cinco, Pando con dos y Tarija con dos.

"Es lamentable que en la mayoría de los casos las mujeres hayan perdido la vida en manos de sus parejas, esposos, enamorados, concubinos, exparejas por diferentes factores, principalmente los problemas sentimentales de pareja, consumo excesivo de bebidas alcohólicas, entre otros que desembocaron en la extrema violencia hasta quitarles la vida", dijo Lanchipa.

La autoridad recalcó que en los casos en los que se atenta contra la vida, la Fiscalía inició procesos penales de oficio y se realiza la investigación contra el autor o autores para que sean sancionados por la justicia con la pena máxima de 30 años de privación de libertad.

Según las edades de las víctimas, el 8,9% son adolescentes (de 12 a 18 años), el 17,9% son mujeres jóvenes (de 18 a 26 años), el 62,1% son mujeres adultas (de 27 a 59 años) y el 11,6% son de la tercera edad (de 60 años o más).

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), como brazo operativo técnico científico del Ministerio Público, realizó las autopsias médico legales que determinaron que la principal causa de muerte de las víctimas fue por traumatismo o golpe, seguido de asfixia, arma punzocortante, arma de fuego, explosivos, entre otros.

Sólo en el periodo de cuarentena, del 17 de marzo al 31 de agosto de 2020, se tuvo un total de 53 Feminicidios. Antes del confinamiento ocurrieron 30 casos y post-cuarentena otros 30.

De acuerdo a los datos oficiales, en 2018 se reportaron 130 casos; para el 2019 fueron 117; y la gestión 2020 cerró con 113 feminicidios. Estos datos revelan que existe una reducción mínima de casos, pero existe un índice latente de hechos que causaron que las mujeres pierdan la vida de la forma más violenta.

Asimismo, Lanchipa informó que en la gestión pasada el Ministerio Público atendió 51 infanticidios a nivel nacional. Menores de 0 a 12 años de edad fueron víctimas de manos de sus propios progenitores o familiares cercanos.

Detalló que, de los 51 Infanticidios, el mayor número de víctimas también está en el departamento de La Paz con 16 casos. Cochabamba registra 11; Oruro, nueve; Santa Cruz, ocho; Potosí, cinco; Chuquisaca, uno; y Beni, uno. En Tarija y Pando no hubo este tipo de delitos.

"Con la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, hemos dado prioridad a la atención de casos, para que se realice una investigación oportuna y efectiva para dar con los autores de los hechos de muerte que han segado la vida de niños inocentes que no tuvieron la oportunidad de defenderse de su agresor. Como Ministerio Público, en cuanto se conoce un caso, inmediatamente se inicia el proceso penal de oficio a través de equipos multidisciplinarios de fiscales, personal médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y en coordinación con la Policía", sostuvo Lanchipa.

En cuanto a las edades de las víctimas, el 41% son menores de un año; el 27% están entre uno y cinco años; mientras que el 31% tiene entre cinco y 12 años.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó las autopsias médico legales que determinaron que la mayor prevalencia de causas de muerte de los menores fue por asfixia, seguida de traumatismo o golpe, arma cortante, entre otros.

Durante la cuarentena del COVID-19, es decir del 17 de marzo al 31 de agosto, hubo un total de 22 infanticidios. Antes del confinamiento ocurrieron 19 casos y post-cuarentena fueron 10.

"Como institución encargada de la persecución penal, durante la cuarentena se ha prestado una especial atención a los casos de infanticidio y se procedió al inicio de la investigación, ya que en la mayoría fueron las propias madres las que quitaron la vida a sus hijos, en diferentes circunstancias. Realizando un análisis, la casa no protegió a los niños que perdieron la vida, más por el contrario, fueron víctimas silenciosas de la violencia extrema que desencadenó en su muerte", indicó el Fiscal General.