Revilla es investigado por la presunta adquisición irregular de 61 buses PumaKatari con un presunto sobreprecio de Bs 26,7 millones.
Dentro de las investigaciones por el caso de presunta corrupción en la adquisición de 61 buses Pumakatari, se congelaron tres cuentas bancarias del exalcalde de La Paz, Luis Revilla.
"Ya se tienen congeladas las cuentas del señor Revilla hasta que el mismo comparezca (ante la justicia) y seguro en juicio vamos a ver la reponsabilidad civil del mismo", aseveró el fiscal Tomás Choque.
Asimismo, el Fiscal informó que se espera el informe de Interpol para dar con el paradero de Revilla – quien se declaró en la clandestinidad- y así activar el sello rojo para su captura internacional.
"Se está haciendo las operaciones internacionales para efectos de establecer el paradero del señor Revilla (…) Estamos a la espera del informe de interpol a efectos de establecer el paradero para emitir el sello rojo", informó.
Ayer, martes, el Juzgado Segundo Anticorrupción de La Paz determinó declarar en rebeldía al exalcalde de La Paz, Luis Revilla, ante su inasistencia a su audiencia cautelar virtual realizada este martes.
En esta audiencia el exburgomestre debía presentar su defensa por el presunto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari, sin embargo, tras no acudir al llamado de las autoridades fiscales y judiciales será emitida su orden de aprehensión.
El dirigente vecinal Jesús Vera denunció en el 2021 que Revilla estaba implicado en la adquisición irregular de 61 buses PumaKatari con un presunto sobreprecio de Bs 26,7 millones.
Una vez que el Ministerio Público activó las investigaciones, la exautoridad edil no acudió a sus declaraciones programadas y desde el 29 de enero de 2022 se encuentra en la clandestinidad.
Desde el 13 de febrero, con la activación del Sello Azul, es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) en 195 países, pero se prioriza su localización en los vecinos Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú.
La Fiscalía presentó la imputación formal contra la exautoridad por uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por lo que pidió su reclusión preventiva en la cárcel de San Pedro.