El domingo 5 de febrero, con más del 80% de participación ciudadana, el Ecuador fue escenario de cuatro procesos diferenciados de decisión. Por una parte, la realización de elecciones seccionales (prefectos y subprefectos provinciales, alcaldes distritales y municipales, concejales urbanos y rurales, y vocales de las juntas parroquiales). Por otra parte, la elección de 7 titulares y sus suplentes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También una consulta popular regional para la cantonización de la parroquia Sevilla Don Bosco en la provincia Morona Santiago. Finalmente, un referéndum con 8 preguntas para enmiendas de la Constitución.
No se trató sólo de un evento plebiscitario múltiple, sino de un momento de inflexión en la definición del devenir político, poniendo en evidencia al menos tres procesos evaluativo-prospectivos: el voto protesta ciudadano frente a los impactos del modelo de ajuste, que arrastra consigo cuestionamientos a la gestión de gobierno; la visibilización de pautas que señalan un giro con recuperación de las corrientes progresistas; y el develamiento de la inviabilidad de las estrategias de manipulación pactadas entre encuestadoras, organizaciones políticas y medios de comunicación/redes sociodigitales.
El primero de los procesos refleja tanto en los resultados del referéndum como de las elecciones seccionales, la resistencia ciudadana al modelo de Estado y cuestionamientos al gobierno. El presidente Lasso, según la encuestadora Perfiles de Opinión, cuenta con apenas un 16,62% de reconocimiento a su administración. En esto tienen que ver la expansión con violencia de la inseguridad ciudadana; la pobreza que, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, a diciembre de 2022 representa en un 25,2% nacional, 8,2% extrema y 41,0% rural; también influyen la informalidad urbana, el desempleo y las heridas abiertas por la criminalización de los movimientos indígenas que se levantaron en junio de 2022 contra el alza de los precios de los carburantes y del costo de vida. El recetario fondomonetarista aplicado con dedicado tesón en la política estatal es percibido en sus limitaciones.
La predisposición negativa hacia la gestión gubernamental se lee en el triunfo del NO en las 8 preguntas del referéndum para enmiendas a la Constitución. El presidente Lasso equivocó su campaña, basada en la descalificación de sus opositores, y no fue oportuno en el timing, porque el referéndum acabó convirtiéndose en boomerang de su aspiración por reposicionar su imagen y la de su gobierno con preguntas que parecían incuestionables. Las encuestas triunfalistas le mintieron, también sus estrategas.
El espíritu del referéndum refleja la pretensión de una mayor centralidad del poder decidiendo la extradición de ecuatorianos relacionados con delitos del crimen organizado internacional (pregunta 1) y otorgándole mayores potestades a la Fiscalía (pregunta 2). En contrapartida, se pretendía disminuir prerrogativas de la participación ciudadana (preguntas 5 y 6), la disminución de asambleístas (pregunta 3) y condicionamientos a los partidos políticos (pregunta 4). Y, finalmente, se aspiraba a legitimar una política ambientalista aperturista con una consulta sobre el uso del agua en áreas protegidas y el reconocimiento estatal de servicios ambientales (preguntas 7 y 8).
El segundo proceso evidenciado es la derrota abrumadora que sufren los partidos de la derecha y centro derecha en la gran mayoría de poderes seccionales, entre ellos las principales ciudades y provincias. Es así que tanto las alcaldías de Quito y Guayaquil, las principales ciudades del país, son ganadas por Revolución Ciudadana, organización del ex presidente Rafael Correa, lo mismo que las prefecturas de Pichincha, Guayas y Azuay, las más pobladas. Resulta paradigmático el caso de Guayas y Guayaquil, tradicional bastión inexpugnable de los poderes económicos y del Partido Social Cristiano y/o CREO, partido del presidente. La fragmentación de las organizaciones de derecha contribuye a este estado de situación.
La experiencia plebiscitaria múltiple permite establecer además las condiciones de los nuevos rumbos de la política, con un giro hacia el polo progresista representado principalmente por Revolución Ciudadana y por el Movimiento Pachacuti. Ambas organizaciones triunfan en 15 de las 23 prefecturas y una gran cantidad de alcaldías que tienen una mayor dispersión de fuerzas locales ganadoras. También están representadas en los cargos electos del Concejo de Participación y Control Ciudadano.
El tercer proceso pone en evidencia la debilidad ética y política de la estrategia de coalición entre encuestadoras, organizaciones políticas y medios de comunicación/redes sociodigitales. La generalidad de encuestas tracking y exit poll pregonaron un triunfo rotundo del gobierno en el referéndum y de los partidos conservadores en las elecciones seccionales. Fracasaron con su estrategia de desorientación y descalificación que, paradójicamente, acaba descalificando a sus gestores.
Con los resultados del proceso plebiscitario múltiple, de cara a las elecciones de enero 2025, se reinstalan en el ideario político ecuatoriano reivindicaciones como los derechos de la naturaleza, la superación de la economía extractivista, la recuperación del rol político y económico del Estado, el protagonismo ciudadano, el retorno a los sistemas de integración, una mejor redistribución de la riqueza y la búsqueda de puntos de convergencia. Todavía es pronto para adelantar análisis, pero las bases están sentadas. Hay muchos matices.
La Paz, 7 de febrero de 2023