Ministerio de Hidrocarburos pedirá ocho años de cárcel para exministro Víctor Hugo Zamora

El exministro del Gobierno de Jeanine Añez es acusado de generar daños económicos a la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), dentro del caso denominado YPFB-Bulo Bulo.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) pedirá ocho años de privación de libertad por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica para el exministro de esa cartera de Estado, Víctor Hugo Zamora.

Además, la exautoridad es acusada de generar daños económicos a la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), dentro del caso denominado YPFB-Bulo Bulo.
"El equipo jurídico del Ministerio de Hidrocarburos y Energías presentó una acusación particular para ser parte del juicio oral en este proceso judicial, en el que se pedirá sentencia condenatoria y la pena máxima y, lógicamente, la reparación del grave daño económico ocasionado a la planta", expresó el titular de esta cartera estatal, Franklin Molina, según un boletín institucional.
El martes 28 de febrero está previsto que se inicie el juicio oral contra el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora; el expresidente de YPFB Herlan S; el exvicepresidente nacional de Operaciones de YPFB Jorge B.; el exgerente de Industrialización de YPFB Óscar B.; el exdirector de la PAU Carlos V. y el excoordinador de la PAU Ivert O.
Estas personas son acusadas de la paralización de la planta de Urea a finales de 2019, lo que generó pérdidas económicas para el Estado por falta de producción y comercialización del fertilizante y por daños a equipos de alto valor, como turbinas y calderos.
La acusación particular presentada por el Ministerio de Hidrocarburos se sustenta en pruebas documentales, testificales, periciales y de inspección, entre otros elementos probatorios.
Por su parte, la Fiscalía sustenta la acusación formal con 11 pruebas testificales, 73 documentales, requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas y además ofreció una prueba pericial de auditoría forense a desarrollarse por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para cuantificar el total del daño económico generado al Estado, entre otros elementos probatorios.