La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), denuncio este miércoles que el Gobierno está restringiendo el gas a las industrias bolivianas para exportarlo sin asegurar el consumo interno.

Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de Cainco, dijo que el Decreto Supremo 4794 va en desmedro del sector productivo nacional.

Explicó que había un compromiso del Gobierno de flexibilizar esa norma; sin embargo, la reglamentación del decreto perjudica al sector empresarial.

"Había ciertos compromisos de flexibilizar la medida y revisar esta norma. Lastimosamente, meses después sale la reglamentación del Decreto (4749)", explicó.

En la reglamentación, dijo Strauss, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ratifica que ya no se podrá usar gas en las industrias para autogenerarse energía eléctrica.

Exportación
Según ese decreto, los usuarios de redes de gas que cuenten con equipos de generación de energía eléctrica de respaldo podrán utilizar el gas natural sólo en caso de existir fallas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Además, la normativa determina que los "los volúmenes de gas natural que dejen de consumir los usuarios de la categoría industrial serán destinados para la exportación.

Lea más: YPFB anuncia que en 2023 producirá el primer barril de biodiésel

Según Strauss con esa disposición, YPFB enviará el gas boliviano a los mejores compradores y dejará a las industrias sin ese combustible.

El empresario le recordó al Gobierno que está obligado a garantizar el consumo y mercado interno del gas de manera permanente e ininterrumpida como estable la Constitución.

"Incluso, quitarnos el gas para autogenerarnos energía contradice la política de industrialización con sustitución de importaciones", observó el empresario.

Lamentó que en vez de impulsar la industrialización lo único que están haciendo es disminuir la fuerza y estabilidad de las industrias formales.

Consecuencias
Asimismo, Cainco considera que negar el gas a las industrias frena la reactivación y fomenta el contrabando, lo que puede generar inseguridad jurídica.

"El gas debe seguir siendo de los bolivianos y de nuestras industrias. Es un derecho constitucional", indicó.

Strauss llamó al Gobierno a asegurar el consumo interno antes de vender los recursos del país.

"No es culpa de las empresas la mala política de hidrocarburos sino de los gobernantes. No podemos pagar los platos rotos por su ineficiencia", remarcó.

Solicitó, además, retomar las mesas de diálogo con el Gobierno para asumir compromisos que ayuden a las empresas a seguir por la senda de la reactivación económica.

Cuestionó que se permita a empresas del sector público, como la Siderúrgica del Mutún, generar su electricidad con gas.

"Puede haber un problema de inflación. Eso qué implica subir los costos de energía eléctrica en muchas industrias y eso va generar inflación", dijo.

Aseguró que ven vicios de inconstitucionalidad en el decreto y si es necesario recurrirán instancias legales para hacer valer su derecho.

"No hay para los bolivianos y lo poco que queda se lo damos a los extranjeros», afirmó Strauss.