El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo, senador Luis Flores, afirmó este jueves que debe ser la vía judicial y constitucional la que defina si la presidencia de Jeanine Añez, asumida desde el 2019 hasta el 2020, fue legal.

En contacto con la prensa, señaló que la Comisión legislativa que preside no tiene la facultad de definir la legalidad de la presidencia de Añez y por eso se decidió devolver al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tres proposiciones acusatorias que hay en contra de ella.

"Nosotros como comisión no estamos definiendo la legalidad o no de la señora Añez en la presidencia. No nos hemos manifestado sobre ese tema Es en la justicia, el órgano judicial a tarves de la vía ordinaria, el Tribunal Supremo de Justicia o de la vía Constitucional las que deben aclarar al país si esa presidencia ha sido legal o constitucional", aseveró Flores.

El Senador afirmó que al hacer el análisis de las proposiciones acusatorias se encontró "vacíos" que impedían seguir el trámite.

"No estamos interpretando si ha sido o no presidenta. Las pruebas, la fundamentación ha sido insuficiente y en muchos casos no existe", aseveró.

La Comisión Mixta de Justicia Plural y Defensa Legal del Senado aprobó el pasado martes devolver al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las tres proposiciones acusatorias contra Janine Añez, debido a la inexistencia de pruebas que respalden que haya sido designada presidenta de manera constitucional el 2019.

Las tres proposiciones acusatorias están relacionadas con el préstamo del Fondo Monetario Internacional por más de 200 millones de dólares; la ampliación de un contrato de Fundempresa; y un juicio contra la vulneración de los derechos al trabajo y la libertad de expresión que ha sido interpuesto por ciudadanos bolivianos que venían de Chile en la época de la pandemia, detalló Flores.

De acuerdo al informe técnico legal de la Comisión, el Ministerio Público no ha podido acreditar "la condición de presidenta del Estado Plurinacional de la ciudadana Jeanine Áñez".



En noviembre de 2019, Añez – entonces segunda vicepresidenta de la Cámara Alta- se autoproclamó presidenta, primero, del Senado y luego del Estado argumentando una presunta "sucesión presidencial" tras la renuncia forzada del entonces mandatario Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y las principales autoridades del Legislativo.

Cabe señalar que la justicia ya desconoció la legalidad de la presidencia de Añez autorizando que sea procesada por la vía ordinaria y no así en un juicio de responsabilidades dentro del caso EBA. Además, ya recibió una condena de 10 años de cárcel por el caso llamado 'Golpe de Estado II'.