Un grupo de diputados de Comunidad Ciudadana (CC) presentó una Acción de Inconstitucionalidad en contra de los decretos supremos que obligan a pedir autorización para vehículos con vidrios polarizados bajo sanción de multa, porque considera que esta disposición está en contra de la Constitución Política del Estado.
El recurso fue presentado el 31 de enero ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por parte de los diputados Toribia Lero, Alejandro Reyes y la senadora Andrea Barrientos. Los demandados son el presidente Luis Arce y el ministro Eduardo Del Castillo.
La senadora Barrientos explicó que estos decretos están en contra de la Constitución porque, de acuerdo con la Carta Magna, solo una norma puede limitar los derechos.
Observó, también, que las recaudaciones que se hacen por la autorización de vidrios polarizados vulneran el Código Tributario, que no contempla estos cobros.
"Cualquier tributo tiene que estar regido por ley y solamente la ley puede establecer qué están cobrando y dónde va destinado ese fondo, por lo tanto nadie debería estar obligado a pagar la multa que hoy nos quiere imponer el Ministerio de Gobierno", dijo.
Barrientos indicó que, además, el cobro por las autorizaciones es discriminatorio, porque es de Bs100 para el transporte público y Bs200 para privados.
Alertó que, asimismo, este cobro por la autorización de vidrios polarizados constituye en una doble tributación, puesto que ese ítem ya se cobra con la importación del vehículo.
Agregó que los decretos impugnados tampoco establecen a dónde van a estar destinados los fondos recaudados.
El Gobierno repuso la restricción de vidrios polarizados bajo el argumento de fortalecer la seguridad ciudadana. El plazo para conseguir la autorización feneció el 31 de enero, por lo cual las multas deberían correr desde este miércoles.
La senadora Barrientos insistió en que el TCP declare inconstitucionales los decretos y reafirmó que una multa por este tema sería vulneratoria.
"La recomendación por supuesto es que no hay porqué pagar la multa que nos quieren obligar a tener el día de hoy, porque se está vulnerando claramente el ordenamiento jurídico nacional", sostuvo.