El ministro de Justicia, Iván Lima, retó a cívicos y políticos de oposición a publicar la lista de los 183 "perseguidos políticos" que denunciaron la pasada semana.
"Hay que decirle a Rómulo Calvo (líder cívico) y a esos malos líderes que le informen a Santa Cruz quiénes son esos 'perseguidos políticos'.
Que digan que son ellos mismos que están buscando impunidad y que no quieren que haya justicia ni para el pueblo boliviano, ni para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos", afirmó.
Durante un cabildo en Santa Cruz, los dirigentes cívicos exigieron que se declare una amnistía para esos "perseguidos políticos", entre los que, indicaron, hay detenidos e imputados por las masacres de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019.
"Le reto a la oposición, al comité cívico, a Calvo y a todas esas personas que dicen que hay presos y perseguidos políticos, que pongan la lista, que pongan los nombres", insistió el ministro.
El cabildo de Santa Cruz afirmó que si esa solicitud no es gestionada a la brevedad posible por el gobierno de Luis Arce, se iniciará el trámite para revocar su mandato.
"Están buscando impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos, a través de ese tipo de movilizaciones. Además, están buscando acortar el mandato presidencial, y ahí se muestran los afanes golpistas por tratar de buscar la impunidad (…), por las masacres de Sacaba, Senkata y el golpe de Estado", fustigó en la oportunidad la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
A su vez, Lima afirmó que las demandas del "cabildo" vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos en 2019.
Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos en marzo de 2022, señala que "el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías".
Además del gobernador Luis Fernando Camacho, se mencionó también a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II, por su nombramiento irregular en 2019, sin el quórum de la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado.