La presidenta de Perú, Dina Boluarte, emplazó este domingo al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones generales para octubre de este año, ante la crisis social que sufre el país, de lo contrario impulsará reformas constitucionales para que se impongan esos comicios.
«Señoras y señores congresistas tienen que entender su responsabilidad histórica, el día de mañana tienen la oportunidad de ganarse la confianza del país atendiendo esta demanda tan esperada por el pueblo peruano», dijo Boluarte en un mensaje a la nación.
«Voten por el Perú, a favor del país, adelantando las elecciones al 2023 y digamos al Perú entero con la más alta responsabilidad que nos vamos todos», apuntó.
De imponerse el rechazo a elecciones anticipadas, Boluarte dijo que presentará una reforma de la Constitución para realizar los comicios, con primera vuelta en octubre de este año y segunda vuelta en diciembre.
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También planteará un proyecto de ley para que el próximo Parlamento elegido delegue facultades a la comisión de Constitución sobre la reforma total de la carta fundamental de 1993.
Boluarte se dirigió al país a pocas horas de que el Congreso debata el pedido para reconsiderar el rechazo decidido el sábado del adelanto de elecciones a octubre del 2023, por una mayoría de 65 votos contra 45.
Además, la protesta del sábado en Lima que clamó la renuncia de Boluarte y elecciones lo antes posible, puso más presión al Gobierno luego que se registraran los episodios más violentos hasta ahora en la capital peruana, donde murió un manifestante por el impacto de objeto pesado en la cabeza, indicó el parte médico.
Con esta nueva víctima subió a 48 el balance de muertos en las manifestaciones desde que empezaron las protestas en diciembre, incluido un policía.
«Depende del Congreso de la República la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones para este año 2023. Por ello anunció que de no prosperar el consenso el día de mañana (…) el Ejecutivo estará presentando dos iniciativas con carácter de urgencia», apuntó la mandataria.
El poder político no encuentra una respuesta a las demandas de la población, sobre todo rural del sur andino de mayoría indígena, históricamente postergada, que habían apostado a mejorar sus condiciones de vida con la llegada del izquierdista Pedro Castillo a la Presidencia (2021-2022), destituido y detenido el 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso.