El experto en seguridad y defensa José Pedro Ugarte consideró temeraria y sin asidero la denuncia de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, de un supuesto traslado de municiones bolivianas a su país, y recordó que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) elogió la Ley 400 de control de armas de fuego, porque impone sanciones muy severas.
"Es una afirmación totalmente temeraria y no tiene asidero, ya que la misma UNODC ha reconocida que Bolivia, con la Ley 400, ha encarado una lucha frontal contra el tráfico ilícito de armas tipificado con penas superiores a las de otras regiones", aseguró Ugarte a la ABI
En opinión del experto, la acusación de las autoridades peruanas solo intenta "justificar el exceso del uso de la fuerza" en contra de las protestas de la sociedad civil que hasta la fecha ya dejaron más de 50 personas fallecidas por armas de fuego.
Promulgada en 2013, la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados regula y controla desde la fabricación, la comercialización y el tráfico de armamento en el marco de la seguridad y defensa del Estado y de la seguridad ciudadana.
Establece penas de hasta 30 años de presidio sin derecho a indulto a la persona que incurra en la tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales. La misma sanción se impone en contra de quien fabrique, ensamble, transporte, almacene, comercialice o manipule armas no convencionales, materiales relacionados o sustancias tendientes a la fabricación.
En tanto, el tráfico ilícito de armas es sancionado con la pena privativa de libertad de diez a quince años.
Esa sanción será de doce a dieciocho años si fuere miembro o partícipe de una asociación delictuosa y de quince a veinticinco años si fuere miembro o partícipe de la estructura de una organización criminal dedicada a ese ilícito.
La pena será agravada en un tercio del máximo, si el suministro fuera para fines ilícitos; y en dos tercios si se tratara de armamento militar o policial.
Pero, además, la sanción llega a treinta años de presidio sin derecho a indulto, si el tráfico ilícito fuere realizado por personal militar o policial.
Ugarte afirmó que las autoridades peruanas pretenden politizar las investigaciones sobre las muertes registradas en más de un mes de protestas y que por ello denuncian, sin pruebas, el supuesto envío de municiones desde Bolivia.
"Las autoridades peruanas están politizando la investigación en su afán de justificar la falta de gobernabilidad", enfatizó Ugarte.