El Ministro de Justicia descalificó, uno a uno, los pedidos del cabildo cruceño.
A través de una serie de menajes en su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia, Iván Lima, respondió y descalificó varios de los pedidos emanados por el cabildo cruceño liderado por el Comité Cívico.

En su primer mensaje, Lima rechazó la decisión cívica de crear una "guardia departamental" para Santa Cruz y recordó que, de acuerdo a las Leyes y la propia Constitución, la Policía Boliviana tiene mando único y es parte de las competencias privativas del nivel central del Estado.

"Una guardia o policía departamental es inconstitucional. Conformarlas a ese nivel es un delito de orden público", aseveró la autoridad.

En segundo lugar, el Ministro de Justicia también rechazó la intención cruceña de nombrar un "Defensor del Pueblo departamental". Recordó que la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, en el pasado, ya intentó tomar ese camino y falló en el intento al percatarse que es institucional.

"De acuerdo al art 222 numeral 9 de la Constitución y la Ley 870 art. 14 numeral 12, el Delegado Defensorial Departamental debe ser elegido por el Defensor del Pueblo. Ya la Asamblea Legislativa de Santa Cruz intentó nombrarlo y retrocedió por ser inconstitucional su propuesta. En su momento David Choquehuanca presentó un conflicto de competencia porque Luis Fernando Camacho y Zvonko Matkovic pretendieron nombrar al defensor del pueblo y otras autoridades. Era tan evidente la inconstitucionalidad que retrocedieron en su intento de vulnerar la Constitución", señaló Lima.

El tercer punto refutado por el Ministro de Justicia es el referido al pedido de "amnistía" para los "perseguidos políticos", entre ellos el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

Afirmó que tal pedido contradice lo establecido en el informe del GIEI de la CIDH, misma que establece "garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares".

"La Amnistía que se solicita para las personas imputadas por graves vulneraciones a los derechos humanos es contraria a la recomendación 10 del GIEI y a la uniforme Jurisprudencia de la Corte IDH que prohíbe a los estados otorgar este beneficio a los autores de estos crímenes", señaló Lima.

El Ministro de Justicia, en ese sentido, fue enfático en afirmar que la aplicación de los resultados de los cabildos, en particular el cruceño, es "inconstitucional". "Buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del estado y sólo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos", sentenció.

Finalmente, Lima se refirió a los pedidos y acciones impulsadas tanto por juristas independientes como por el cabildo en lo que se refiere a las próximas elecciones judiciales y criticó las contradicciones entre ambos caminos.

"Por una parte adhieren a la recolección de firmas que busca nombrar a "NUEVE NOTABLES" que elegirán ternas de candidatos a Magistrados y Consejeros. Para que luego la Asamblea Legislativa PLURINACIONAL conforme por ⅔ la lista que el pueblo debe ratificar con su voto. Inmediatamente y sin ninguna lógica le proponen al Cabildo que esos Magistrados y Consejeros sean elegidos por la Asamblea Legislativa DEPARTAMENTAL. Esta propuesta será presentada en un proyecto de ley por la Brigada cruceña a la Asamblea Legislativa Plurinacional" (sic)", señaló.

Y agregó: "Ambas propuestas son inconstitucionales porque la actual constitución le da a la Asamblea Legislativa la potestad de pre seleccionar a los candidatos y remitir la lista al Tribunal Supremo Electoral. Es el PUEBLO CON SU VOTO el único habilitado para elegir a los Magistrados" (sic).

El Ministro, en esa línea, concluyó que "la única manera de cambiar la Constitución y eliminar el voto popular, por tratarse de una reforma total que afecta las bases esenciales del Estado, es a través de una Asamblea Constituyente".