Para el Gobierno, la convocatoria cívica de este miércoles fue reducida y tuvo como eje central la búsqueda de impunidad para la violación de los derechos humanos y las masacres de 2019, que va en contra de la recomendación del GIEI. Además, recordó a los cívicos cruceños la inviabilidad constitucional de crear una guardia departamental o elegir a su defensor del pueblo.

La posición fue expuesta por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien consideró que los cívicos cruceños, liderados por Rómulo Calvo, no tuvieron la respuesta que esperaban en su intento de expandir al resto de Bolivia su estrategia de conflictividad para buscar la libertad del excívico Luis Fernando Camacho, encarcelado en Chonchocoro.
"No se ha logrado la convocatoria, la adhesión que han intentado posicionar, que han intentado también algunos medios de comunicación generar a través de los espacios, a través de las convocatorias y no ha tenido la adhesión nacional", aseguró al hacer una evaluación de lo ocurrido este miércoles.
Las demandas fueron distintas en las diferentes reuniones, aunque coincidieron en la exigencia de amnistía para quienes consideran presos políticos, entre ellos Camacho, quien se encuentra procesado por el caso Golpe de Estado I y ahora por "seducción de tropas" debido a millonarios manejos económicos y su revelación de que su padre "arregló" con militares y policías para que en 2019 le quiten el respaldo al expresidente Evo Morales.
La exigencia, aseguró Alcón, va en contra de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indagó los hechos de violencia y muerte antes, durante y después de la crisis de 2019, donde Camacho fue uno de los principales actores.
La recomendación 10 del GIEI instruye al Estado: "Garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares".
El cabildo en Santa Cruz tuvo mayor respuesta que en el resto de Bolivia. Calvo hizo aprobar la creación de una guardia departamental, elegir a un defensor del pueblo, aprobar ternas para la elección de autoridades judiciales y lanzó la amenaza de revocatoria del mandato del presidente Luis Arce de no darse paso a su demanda de amnistía.
Alcón recordó que la Constitución Política del Estado establece el procedimiento para elegir al Defensor del Pueblo, a las autoridades judiciales y fija que la Policía tiene un mando único, por lo que solo la revocatoria de mandato se encuentra en el marco constitucional y no requiere de un cabildo, explicó, como pretenden hacer ver los cívicos.
Sobre el planteamiento de creación de la guardia departamental, explicó en Bolivia Tv que el presidente de la Asamblea Departamental cruceña, Zvonko Matkovic, trató de legislar una ley sobre este tema, pero retiró la norma cuando el Tribunal Constitucional pidió información ante una demanda presentada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
"Nuestra Constitución Política del Estado nos dice las acciones y las vías de nuestra normativa, nadie está ajeno a aquello y todos tenemos que cumplir", insistió y aseguró que el caso Camacho, principal factor de movilización, está en el ámbito judicial y ahí debe ser resuelto.
Como parte de las investigaciones, se informó de millonarios movimientos de dinero que hizo el excívico antes, durante y después de la crisis de 2019. Se reportó de manejos de Bs 4.5 millones, por lo que se amplió la demanda contra el también gobernador cruceño por los delitos de cohecho activo y seducción de tropas.
"Lo que se está viendo es que se está tratando de buscar la impunidad, acá se tiene que cumplir el proceso respetando el debido proceso, por eso invitamos a organismos internacionales", insistió en alusión a la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ver, justamente, el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, entre ellas la número 10 que hace referencia a la justicia para las víctimas de violencia.