La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó a Bolivia por la desaparición forzada del dirigente Juan Carlos Flores Bedregal, en 1980, durante la dictadura de Luis García Meza; además, instruyó una reparación integral a las víctimas.

Por su parte, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó se cumplirá el fallo y se "asumirán las reparaciones" establecidas en el dictamen.

"El Estado es responsable por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y libertad personal", señala parte la sentencia que fue leída este viernes.

En ese marco, la Corte IDH dispuso activar un proceso de investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición, además de establecer el paradero de los restos de Flores Bedregal "en el plazo de un año".

Asimismo, conminó al Estado a aplicar medidas de rehabilitación médica y psicológica, y que reconozca su responsabilidad internacional en "un acto público".

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El dictamen también dispuso la reparación de daños en favor de las víctimas y también a la Corte IDH por el trámite de este caso.

Según la resolución judicial, se da un año de plazo para revisar el grado de cumplimiento de fallo por parte de las autoridades bolivianas.

Al respecto, el procurador Chávez afirmó que el Estado boliviano asumirá las medidas de reparación dispuestas en el dictamen de la Corte IDH.

«Esta sentencia demuestra que los delitos cometidos en regímenes de facto no quedan impunes. El Estado boliviano asumirá las reparaciones que establece la Corte IDH a favor de la familia de Juan Carlos Flores Bedregal», indicó Chávez, citado en un comunicado de esa institución.

El fallo, aprobado por unanimidad, fue leído por el presidente del tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Ricardo C.

Pérez Manrique, y determina el pago de una indemnización pecuniaria a favor de la familia de Flores Bedregal, quien era dirigente del Partido Obrero.

De acuerdo con las investigaciones, el 17 de julio de 1980, "en el marco de un golpe de Estado en Bolivia liderado por el general Luis García Meza Tejada, fuerzas militares y paramilitares atacaron y ocuparon el edificio de la Central Obrera Boliviana (COB)".


El procurado general del Estado, Wilfredo Chávez. Foto. APG.
En esas instalaciones se encontraba Flores Bedregal, junto a otros dirigentes, quienes "fueron obligados a bajar las escaleras y a salir del lugar con las manos hacia arriba", en esas circunstancias, fue alcanzado por "una ráfaga de disparos».

Según la sentencia, "desde entonces no se conoce su paradero", por lo que se conminó a Bolivia a investigar y dar con sus restos en el plazo previsto.

Asimismo, la Corte IDH valoró que "tras la reinstauración de la democracia en Bolivia en 1982", se investigaron los delitos cometidos por el gobierno de facto.

En el marco de esos procesos, se "culminó con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 15 de abril de 1993" en contra de García Meza y sus cómplices.

Esa corte también determinó que el Estado boliviano impidió a los familiares de Flores Bedregal el acceso a "información relevante" para el esclarecimiento de su "desaparición forzada" y "restringió las actuaciones judiciales" sobre este caso.

"La Corte determinó la desaparición forzada del señor Flores Bedregal según los hechos del 17 de julio de 1980, al ser privado de la libertad en el contexto del golpe de estado, con la participación de agentes estatales y paramilitares, y que hasta la fecha no se ha proporcionado información certera sobre su paradero o la ubicación de sus restos", establece otra parte del documento.