El presidente centrista Emmanuel Macron pone a prueba el jueves su impulso reformista en Francia, que se prepara para vivir una jornada de «infierno» con una importante huelga contra el retraso de la edad de jubilación a 64 años.
El gobierno quiere retrasarla de 62 a 64 años y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa, dos medidas que cristalizan el rechazo de la opinión pública.
Más de seis de cada 10 personas se oponen, según un sondeo de OpinionWay publicado este martes. Un 61% de los encuestados considera «necesaria» una reforma, pero no esta, y un 58% apoya las protestas.
«El nivel de apoyo a la movilización es importante, por encima de la media (…) Todo dependerá de la dinámica del movimiento y la batalla que nos espera es incierta», dijo el vicepresidente de la empresa de sondeos, Bruno Jeanbart, al diario Les Échos.
El presidente de la segunda economía de la Unión Europea (UE) convirtió esta reforma en un eje clave de su segundo mandato, máxime cuando el covid-19 le obligó a aparcar un primer intento a inicios de 2020.
Pero Macron, que el jueves estará en Barcelona para una cumbre franco-española, ha dejado al frente a su primera ministra Élisabeth Borne, quien defendió este martes «un proyecto de justicia» y «progreso».
«Tiene razón de no estar en primera línea», dijo a AFP Frédéric Dabi, del instituto de sondeos Ifop, para quien si «hay una crispación terrible», podrá intervenir más tarde.
«Todo se sucede como si los franceses hubieran integrado que el gobierno no podrá ceder, porque Macron se juega su mandato», agregó el analista.
– «Jueves de infierno» –
Los ocho principales sindicatos esperan «millones» de huelguistas y manifestantes. «Hace años que no vemos una semejante movilización», dijo a la radio RFI el secretario general de FO, Frédéric Souillot.
La última gran movilización sindical tuvo lugar en 2010 cuando el gobierno del conservador Nicolas Sarkozy propuso y aprobó retrasar la edad de jubilación de 60 a 62 años.
El gobierno defiende que la reforma es necesaria para equilibrar la caja de las pensiones, ante un déficit creciente en un contexto de mayor esperanza de vida.
Punta de lanza en 2019 y 2020, los trabajadores de los transportes irán en gran número a la huelga: circularán pocos trenes de alta velocidad y casi ningún tren regional, indicó la compañía SNCF.
En París, el transporte público, clave para la vida económica de la ciudad, circulará al ralentí: tres líneas del metro estarán cerradas y otras diez funcionarán parcialmente, según la empresa RATP.
«Será un jueves de infierno», advirtió en la cadena France 2 el ministro de Transportes, Clément Beaune, llamando a aquellos que puedan a teletrabajar.
Muchos deberán combinar así el trabajo con el cuidado de los hijos. Un 70% de los maestros de primaria harán huelga el jueves, anunció el sindicato Snuipp-FSU.
Le puede interesar: Macron condena el 'odioso ataque contra los kurdos de Francia' tras el tiroteo en el centro de París.
Las autoridades pidieron también a las aerolíneas que anulen un 20% de sus vuelos en el aeropuerto parisino de Orly por un paro de controladores.
El sector de la energía se anuncia clave con una reducción de la producción de la electricidad y paros en depósitos y refinerías, avivando el temor de una escasez de combustible como en octubre.
– 26 de marzo, fecha límite –
La jornada de acción llega cuatro días antes de que el consejo de ministros apruebe la reforma. Su trámite parlamentario, a partir de fines de enero, irá acompañado de nuevos paros.
Para garantizar su aprobación, el oficialismo, que perdió la mayoría absoluta en junio, multiplicó en las últimas semanas las discusiones con el partido opositor de derecha Los Republicanos (LR), favorable a una reforma.
Sin embargo, el gobierno se guarda un as en la manga. Para evitar la obstrucción parlamentaria, anunciada por la oposición de izquierda, podría recurrir al procedimiento del artículo 47.1 que limita el tiempo del debate a 50 días.
Si las dos cámaras del Parlamento no votan la reforma para el 26 de marzo, el gobierno podría aplicarla mediante una ordenanza, según fuentes parlamentarias, corriendo el riesgo de aumentar la imagen de autoritario de Macron.