La violencia fue un común denominador en las protestas por la detención de Fernando Camacho.
A través de un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), hace seguimiento al conflicto iniciado en la ciudad de Santa Cruz a raíz de la detención del gobernador de ese departamento Bolivia, Luis Fernando Camacho, acusado por tres delitos vinculados al caso denominado 'Golpe de Estado I'.

El organismo internacional, en ese sentido, hace énfasis en la condena hacia el exceso de violencia tanto de parte de la policía como de grupos movilizados para pedir la libertad del Gobernador.

"La CIDH expresa su firme condena a todo tipo violencia y rechaza de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días", señala la CIDH.

El organismo, en ese sentido, detalla que en los más de 20 días de conflictos en la región cruceña, se denunciaron distintos casos de agresión a la prensa y "25 casos de presunta vulneración de los derechos humanos, que comprenden el uso desmedido de la fuerza policial, agresiones a periodistas, heridos, quemas de inmuebles y vehículos (particulares y públicos), entre otros".

Asimismo, señala que tomó conocimiento del reporte de "diversas acciones violentas cometidas por grupos organizados contra bienes públicos y privados, incluyendo la casa de un Ministro de Estado". Detalla que según datos del Gobierno, se reportaron casos de violencia contra funcionarias públicos, daños a 44 vehículos y 27 infraestructuras, incluyendo incendios de instituciones estatales, así como intentos de toma de instalaciones policiales. "Respecto de estos hechos, el Ministerio de Gobierno reportó que 76 personas fueron aprehendidas por destrucción o deterioro a bienes del Estado, entre otros delitos; de las cuales 24 ya habrían sido sentenciadas", afirma la CIDH.

"Asimismo, la CIDH ve con preocupación las amenazas de grupos violentos a personas defensoras de derechos humanos y a miembros de medios de comunicación a través de las redes sociales. Esta situación genera una vulneración grave a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, con consecuencias perjudiciales para el ejercicio de estas actividades", agrega el organismo.

En esa línea, la CIDH afirmó que la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia y exhorta a "hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos violentos que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen dicho contexto para otros fines alejados de la misma, y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema".

Añade que "los actos de violencia o violencia sistemática no son parte del derecho de la protesta".

"En cualquier acto de protesta social, la CIDH rechaza todo uso excesivo de la fuerza por parte de agentes públicos y reprueba los actos de violencia ejercida por personas en el contexto de las manifestaciones. En ese orden, todo Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas que ejercen su derecho legítimo a la protesta, así como salvaguardar la seguridad de las personas que no participan en ésta. Para ello, los estándares interamericanos exigen actuar sobre la licitud de éstas como manifestación de los derechos de asociación, libertad de expresión y reunión pacífica", afirma el organismo.

Agrega que las fuerzas de seguridad "no deben perpetrar violencia contra la prensa" puesto que los medios de comunicación y los periodistas tienen un rol en el control social durante la organización, convocatoria y el ejercicio de las protestas y como canalizadores privilegiados del debate público.

Acto seguido, la CIDH realiza un llamado a los líderes políticos del país - entre ellos funcionarios públicos, personas candidatas, líderes, y titulares de cargos de partidos políticos- a "utilizar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar la violencia y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad".

Y advierte: "La violencia puede ser acentuada o exacerbada por discursos públicos de intolerancia por parte de altas autoridades y otros liderazgos políticos"…

Finalmente, la CIDH anuncia también que hará un seguimiento cercano a los procesos judiciales en los que se enmarcan las detenciones realizadas, con el objetivo de monitorear el respeto irrestricto relativos a las garantías judiciales, el debido proceso, la protección judicial y el acceso a la justicia, acorde con los estándares interamericanos.

"La Comisión reafirma su compromiso con el monitoreo de la situación de derechos humanos en Bolivia, labor que incluye la comunicación con todos los actores de la sociedad boliviana, en su pluralidad", concluye el comunicado.

El Ministro de Justicia destaca el seguimiento de la CIDH

El ministro de Justicia, Iván Lima, a través de su cuenta de Twitter, destacó el seguimiento que hace la CIDH a la crisis que se vive en Santa Cruz.

Para la autoridad, el Gobierno respeta los derechos humanos y por eso permite la observación internacional.

"La CIDH y la RELE monitorean la situación en Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno del presidente Luis Arce es respetuoso de los derechos humanos y abierto a la observación internacional", destacó.

Luis Fernando Camacho fue aprehendido el pasado 28 de diciembre y, horas después, fue enviado al penal de Chonchocoro con detención preventiva. Es investigado por los delitos de terrorismo, cohecho y seducción de tropas dentro del caso llamado 'Golpe de Estado I'.